Foto: Cuartoscuro El Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Comunicación, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención  

Diversas organizaciones civiles, colectivos y órganos autónomos interpondrán acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS) que aprobó el Senado de la República.

Ricardo Reyes, abogado del programa de derecho a la información de Artículo 19, señaló que no están nada satisfechos con el resultado de esta ley que aprobó el Congreso de la Unión y a la que calificó como una “simulación legislativa”.

“De inició cuando salió la sentencia de la Corte, nosotros como Artículo 19 y junto con Fundar, como la parte quejosa, solicitamos al Congreso de la Unión en múltiples ocasiones reuniones para discutir lo que tenía que contener la Ley, para discutir los problemas que debería atacar y para exhortarlos para que iniciar los trabajos legislativos en torno al proceso de esa ley”.

“A lo largo de cinco meses no hubo una retroalimentación, no hubo una réplica, no hubo una respuesta adecuada de parte del Congreso que integrará a la sociedad civil en las mesas de discusión y de análisis para ir construyendo de manera adecuada esta ley”, declaró en entrevista para 24 HORAS.

Señaló que esta Ley no cumple con las características que debería atender de acuerdo a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que era buscar fortalecer la libertad de expresión, el ejercicio periodístico a “través de un marco democrático y por el contrario legaliza las malas prácticas”.

“La batalla no termina con el simple hecho de la emisión, hay recursos a los que todavía podemos acudir y seguiremos pendientes de que se fortalezca la libertad de expresión mediante acciones concretas, democráticas y no como lo ha hecho el Congreso de la Unión hasta ahora”, indicó.

Por su parte, la organización Fundar, a través de un comunicado, señaló que sin escuchar las criticas ni advertencias, el Senado aprobó sin ningún cambio la Ley que por el contrario legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial.

Darío Ramírez, de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, dijo que esta decisión sigue lastimando la libertad de expresión en México y no descarto que las organizaciones acudan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación al artículo 13 y 14 de la convención.

 

Nosotros como parte quejosa si tenemos la posibilidad de impugnar el cumplimiento de la Ley

Ricardo Reyes,

Abogado de Art. 19.

 

La publicidad oficial sigue siendo un tema de corrupción y de falta de transparencia

Darío Ramírez de MCCI.

 

Datos: La Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019

 

 

 

 

JNO