¿Debe o no el Presidente de la República contar con fuero constitucional?

Todos los partidos, incluido el PRI, dicen estar a favor de la eliminación del fuero “para todos los funcionarios públicos’’.

Pero especialistas en derecho y algunos ministros de la Corte han expresado el riesgo de quitar el fuero al Jefe del Ejecutivo.

Imagínese la siguiente escena: aprobada la eliminación del fuero, el Presidente en turno es acusado por una diputada X de acoso sexual.

El Presidente tendría que demostrar que la diputada X mintió, que se trata de una venganza política porque la legisladora pertenece a un partido de oposición que busca desestabilizar su administración.

Pasarían semanas, quizá meses, de juicio ante los tribunales en tanto el país comienza a desestabilizarse.

La ley que elimina el fuero constitucional aprobada por los diputados no establece las causales por las que el Jefe del Poder Ejecutivo puede o debe ser enjuiciado políticamente.

Ello abre un enorme boquete jurídico para que el Presidente pueda ser enjuiciado por actos que ni siquiera fueran de su responsabilidad directa.

Tampoco establece las causales por las que, por ejemplo, el gobernador del Banco de México o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ser llevado a un juicio político.

Cuatro Comisiones en el Senado discutían la noche de ayer el documento recibido de los diputados que, a decir del coordinador de los legisladores del PRI, Emilio Gamboa, contiene disposiciones inconstitucionales que pueden recurrirse ante la Suprema Corte.

Las observaciones al documento no sólo eran del PRI, sino del resto de los partidos, que veían riesgos legales en aprobar el documento tal y como lo recibieron de los diputados.

Se esperaba que las Comisiones involucradas realizaran algunos cambios pese a la negativa de algunos senadores de oposición; si avanzaba el acuerdo, la ley sería votada por la noche o la madrugada de hoy.

Cualquier modificación hará que el documento regrese a la Cámara de Diputados que deberá sesionar en forma exprés para aprobarla o rechazarla.

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Por cierto, cuando pocos lo esperaban, Gamboa Patrón volvió a mostrar su largo y afilado colmillo.

La madrugada de ayer logró que la mayoría del Senado –sin el PRD y el PAN, que abandonaron la sesión- aprobara los nombramientos de dos comisionados del Inai.

La oposición pataleó y alegó un madruguete, pero el procedimiento fue totalmente legal.

Ahora Gamboa puede anotarse otro éxito si logra convencer al resto de los coordinadores parlamentarios de aprobar, quizá este viernes o el lunes si fuera necesario, la Ley de la nueva Fiscalía General y, de paso, el nombramiento del fiscal anticorrupción.

En ésas anda el yucateco.

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Cierto que a mucha gente no cayó bien la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Legislativa para los jóvenes que participaron en la manifestación de diciembre de 2012, tres de los cuales continuaban presos.

Pero eso de comparar amnistiar a jóvenes con los narcos, asesinos, secuestradores o violadores, es un exceso.

La iniciativa que aprobó la Asamblea no fue enviada por el jefe de Gobierno, sino que fue propuesta propia, impulsada por Leonel Luna, coordinador de los diputados del PRD, atendiendo violaciones a los derechos humanos de los manifestantes detenidos.

Puede gustar o no, pero sí hay diferencia con la propuesta de ya saben quién.