La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en caso de condena por el delito de secuestro no proceden los beneficios de preliberación, porque no es una obligación constitucional.
El Pleno de la Primera Sala resolvió el amparo en revisión 1074/2017, presentado por la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que determinó que la negativa a otorgar dichos beneficios no vulnera la dignidad humana, las garantías de igualdad y no discriminación, ni el derecho fundamental a la reinserción social, ni impone una doble sanción.
Los ministros determinaron que en efecto, no se opone a la previsión contenida en el Artículo 18 constitucional, porque la concesión de los beneficios preliberacionales, no es una obligación constitucional.
Se trata de una facultad para el legislador ordinario, quien por razones de política criminal consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios, a fin de desalentar ciertas conductas, o en su defecto, lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Así, los condicionamientos que se imponen, se insertan en el marco de política criminal que el artículo constitucional citado delega al legislador para determinar en qué casos no deben concederse dichos beneficios.
La norma tildada de inconstitucional no vulnera la garantía de igualdad, porque permite tratar del mismo modo a los sentenciados que se ubican en la misma hipótesis normativa o que resultaron responsables del mismo ilícito penal, además de ser congruente con los fines perseguidos por la reinserción social.
Tampoco constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente en la mayor relevancia penal de las conductas delictivas allí previstas. Ni impone una doble sanción, pues solo establece que en caso de condena por dicho delito no proceden los beneficios preliberacionales.
DPC