Por muchos sexenios se ha lastimado a la sociedad con aquellos absurdos veredictos, que en lugar de ser penas ejemplares, más bien parecen premios para el que saqueó las arcas municipales, estatales o federales: será inhabilitado por varios años para ocupar un puesto público.
¿Y acaso ese ladrón quería regresar a trabajar, después de todo lo que se robó?
Los fallos judiciales que deseamos los que pagamos impuestos es la inhabilitación, la cárcel y que regresen el dinero. La reparación del daño es fundamental, porque algunos personajes entran a la política con la intención de garantizarle el estilo de vida a su descendencia, aunque ellos sean privados de su libertad, por unos meses o años. Su cálculo desgraciadamente es correcto: unos días tras las rejas, pagar buenos abogados, corromper emepés y regresar a casa a iniciar una vida de millonario.
En medio de las campañas y millones de spots es fundamental la discusión de las fiscalías autónomas y de todos los dientes posibles a las procuradurías, para así advertirle a los nuevos representantes populares, -ésos que escogeremos el 1 de julio- que si la hacen, la pagarán.
En medio de tanta mentira de los candidatos, miles de millones que nos pertenecían y ahora están en cuentas de unos cuantos políticos tramposos, y con la poca esperanza de que los problemas desaparecerán después de celebrar los comicios, recibimos una bocanada de aire fresco desde el norte de la República.
En una acción de gran justicia, pero sobre todo para combatir la corrupción, la gobernadora Claudia Pavlovich atestiguó el banderazo de salida de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía del Estado de Sonora, que recuperará bienes -bajo la figura de extinción de dominio- y recursos que fueron sustraídos ilegalmente por servidores públicos.
Deben de estar temblando varios amigos, familiares y colaboradores cercanos del panista Guillermo Padrés Elías, porque los inmuebles asegurados -ranchos, casas y terrenos- que son producto de investigaciones hechas por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, y que ascienden a más millones de pesos, pronto volverán a su dueño original: el pueblo de Sonora.
Pero lo más importante es que ya se declaró la guerra a la corrupción y se ha iniciado una cruzada por la honestidad.
Cabe destacar que una mujer encabeza esos esfuerzos -sí, la única dama de la membresía de la Conago-; está poniendo el ejemplo.
Esta unidad especializada surgió de una iniciativa presentada por la mandataria en 2015 -y que fue aprobada por el Congreso con sede en Hermosillo– y tendrá la facultad de recabar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con algún delito, y en su caso promover y ejecutar que todo lo robado regrese a la chequera estatal.
Que nadie se engañe, con la gobernadora, ningún funcionario podrá gastar más de lo que percibe y declare ante el Sistema de Administración Tributaria.
Insistimos, es una bocanada de aire fresco la información que nos ofrece Pavlovich, porque, según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), a México le cuesta la maldivas corrupción, el equivalente a 9% del PIB, que equivale a 20% del presupuesto nacional.
@GustavoRenteria