Foto: Cuartoscuro Caso. Sorprende a Sergio Palacios medidas cautelares.  

Sergio Palacios Trejo, quien dejó su cargo como coordinador general de la Central de Abasto (Ceda), afirmó que no cometió ningún desacato y pidió que se le deje trabajar, pues –aseguró– hay varias fallas al debido proceso, motivadas por presiones económicas a un juez de Control federal que ordenó a Palacios medidas cautelares, y la suspensión de su cargo.

Esto luego de que un juez de Control federal lo vinculó a proceso por presuntamente desacatar una suspensión definitiva que impedía quitarle a una empresa la concesión para explotar diversos servicios como estacionamiento y baños.

En una entrevista con 24 HORAS, el aún administrador del Ceda, cargo que no es público y que puede continuar ejerciendo, aseveró que ni siquiera fue citado por el Ministerio Público y que la primera notificación que recibió fue directamente la comparecencia en el juzgado del Reclusorio Norte.

La segunda sorpresa que se llevó, dijo, fue que el juez pidiera como medida cautelar, que se presentara cada 15 días a firmar, además de la suspensión de su cargo, bajo el argumento de que pudiera destruir algún elemento de prueba.

“Todo esto deviene de un juicio administrativo que se está litigando y a mí lo que sí me causa extrañeza y preocupación, no sólo por mí sino de todos los ciudadanos, es saber sobre manos de quién está la justicia. No tuve acceso a conocer la averiguación previa y de inmediato me sujetaron a proceso; sí es una situación bastante irregular la que estoy viviendo”, aseveró.

Detalló que, en más de 20 años de servidor público, nunca ha tenido ningún asunto penal ni administrativo y aseguró que lo único que se buscaba con los nuevos contratos suscritos con empresas para la explotación de servicios, fue que Ceda tuviera mejores condiciones económicas.

En tanto, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la administración capitalina le dará acompañamiento jurídico.

Declaró que aún no entiende por qué una autoridad federal decidió separarlo de su cargo, ya que a su “opinión de abogado”, no hay delitos de índole criminal.

“Es un tema que yo todavía no alcanzo a comprender por qué ha derivado en un aspecto penal, porque me parece que es un tema de prestación de servicios en la Central de Abasto.

 

 

JNO