El descontento por la renovación de verificentros en la Ciudad de México ha provocado que entre 2017 y lo que va de 2018, se hayan tramitado 93 recursos legales, entre amparos y juicios de nulidad, principalmente en contra de los resultados de la convocatoria emitida por la Secretaría del Medio Ambiente local (Sedema), para operar dichos centros.
De estos recursos, 17 se sobreseyeron, 61 están en trámite y cinco son juicios atraídos. El resto ya cuenta con resolución.
En la solicitud con número de folio 0112000079518 –que se encuentra abierta a cualquier consultante en la plataforma Infomex–, la Sedema informó que los motivos de los juicios de amparo son contra la convocatoria pública para autorizar los centros, la negativa de autorización, los resultados de la convocatoria, los criterios de verificación y la negativa de revalidación.
En tanto, los juicios de nulidad son en contra de la negativa que otorgó la Sedema a centros que solicitaron ya sea la revalidación o el permiso de instalación de un verificentro.
Asimismo, en varias solicitudes de información disponibles, la dependencia restringe datos sobre cuáles fueron las propuestas de las empresas elegidas para operar dichos establecimientos, así como las razones por las que se les negó a otras empresas renovar sus permisos.
Por ejemplo, en la solicitud mencionada se pide copia de todas las negativas de autorizaciones emitidas para continuar con la operación de verificentros, la Sedema clasificó la información como “acceso restringido en su modalidad de reservada”.
Lo mismo ocurre con las propuestas presentadas por las personas que resultaron autorizadas conforme a la convocatoria de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial.
“La divulgación de documentación solicitada implicaría la entrega de información estratégica, en razón de que es dicho documento del que parte la acción base en los diversos juicios, mismos que como fue señalado, aún no cuentan con una sentencia firme”, justifica la Sedema.
VEN SOBREDEMANDA
Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificentros, la cual agrupa a 18 empresas que no obtuvieron su derecho de revalidación, informó que la secretaría no ha informado cómo escogió a las empresas.
Una de las justificaciones por las que la Sedema requirió la renovación fue porque los equipos datan de hace 20 años, lo que calificó Torres como falso.
“Es una mentira porque parece que no están enterados. En 2012 hicimos cambio total de equipo y en ese tiempo se llevó el cambio gradualmente de las líneas de verificación. En ningún momento se suspendió el servicio”, dijo.
Señaló que la asociación se ha reunido con los aspirantes a la Jefatura de Gobierno, para encontrar una solución pues, dado el menor número de verificentros que cumplirán la renovación completa, se espera una sobredemanda de automovilistas que preferirán irse a verificar al Estado de México.
JNO