El Gobierno federal destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela de Ayotzinapa en 2014, incluyendo el uso de tortura contra detenidos, y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.
El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, divulgado el 15 de marzo.
Las secretarías de Relaciones Exteriores (SER) y de Gobernación (Segob), así como la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron en un comunicado que en la publicación del informe desatendió el llamado del Gobierno de México a una colaboración “que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la ONU-DH en torno al asunto”.
En la respuesta del Gobierno se ofrece información sobre algunos temas contenidos en dicho informe, en especial sobre las investigaciones de la PGR en torno a presuntos actos de tortura cometidos contra algunos de los detenidos en el caso.
Señaló que después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del Protocolo de Estambul, que aporta los parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, “los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”, indicaron las instituciones.
El informe de ONU-DH divulgado en marzo hace referencia a “fuertes elementos” que indican tortura a 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros de un grupo criminal que los mataron, incineraron y arrojaron las cenizas a un río.
El Gobierno de la República reitera su determinación de agotar todas las líneas de investigación en el caso y continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, en interés de arribar a conclusiones en el caso en el presente año que atiendan la legítima demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto
Gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa
JNO