En la presentación del libro “Tendencia actual de la política criminal”, organizado por el senador Teófilo Torres Corzo, especialistas coincidieron en que la creación de más tipos penales y la falta de homologación en el marco jurídico, han generado una “gran confusión”, además de que el aumento de las sentencias no evita que los delitos disminuyan.
Gerardo Felipe Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, manifestó que la política criminal y penal del país no es integradora, pues los ordenamientos que se han creado en esta materia no son homologados, lo que genera “una gran confusión” en su aplicación.
Dijo que el autor del libro (Virgilio Tanús Namnum) cuenta con una “claridad y agudeza” para “dar en el blanco” en su crítica a figuras como la del feminicidio. Consideró que con este tipo penal “estamos dando gusto a ciertas gentes, a ciertas ong´s y a ciertos grupos que están recibiendo dinero para impulsar ciertos temas que sólo complican la escena”.
Coincidió con el diagnóstico del libro y citó: “lo que se ocasiona con la recreación de este tipo de delitos, legislados a modo de un escándalo social, es que realmente lo que se pretende con el derecho penal es subsanar la deficiencia del resto de la política social, que en el presente caso, sería de la educación y cultura de la igualdad de género”.
Óscar Montes de Oca, subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, explicó que el problema surge cuando se incluyen “ingredientes muy específicos” para sancionar el feminicidio, pues con ello se mete en problemas a los agentes del Ministerio Público.
Reconoció que la política criminal no ha dejado un “buen sabor de boca” y más aún en las áreas en enfocadas a la procuración de justicia. Indicó que las imprecisiones en las normas jurídicas son producto de la excesiva labor legislativa que se termina en una improvisación de los tipos penales.
Señaló que la tendencia de esta legislación está basada en la opinión pública y en el incremento a la sensación de inseguridad y a los reclamos sociales, así como en la percepción de incidencia delictiva que se registra en las poblaciones, lo que es “desacertado” porque “nos lleva a tener tipos penales excesivos.
Muchos legisladores, agregó, tienden a diseñar sus normas para regular conductas con base a la incidencia delictiva, ello, da como resultado que no se diseñen ordenamientos adecuados, eficaces y que en realidad atiendan a las demandas sociales.
El catedrático Epigmenio Mendieta Valadez señaló que el libro establece la aspiración del autor por construir un “Estado de derecho democrático garantista”, que resulta contradictorio con las propuestas de uno de los candidatos a la Presidencia de la República, que plantea mutilar a las personas que cometan un delito.
“Está proponiendo violentar el contenido de la Constitución, así como los tratados internacionales suscritos y ratificados por México”, apuntó.
Virgilio Tanús Namnum, autor del libro, expresó que no necesariamente el incremento de penalidades hace que los delitos disminuyan, sino por el contrario, provoca que la calidad y cantidad de estos sea mayor.
Advirtió que es necesario desarrollar políticas sociales que permitan disminuir cualquier conducta delictiva, “pero es más fácil reformar un artículo y establecer mayores penas, el derecho penal sólo debe intervenir ante los delitos más graves”.
Precisó que para cualquier conducta antisocial se deben identificar las consecuencias sociales, jurídicas y económicas. “Necesitamos menos derecho penal, pero con la coyuntura que vivimos en este país no parece fácil”.
DPC