Luego de que un tribunal colegiado negó la suspensión provisional contra el traslado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, como lo ordenó un juez federal, el titular del penal de Aquiles Serdán (donde se encuentra preso actualmente), en Chihuahua, podría ser sancionado en caso de no entregar al detenido a las autoridades federales.
La orden de traslado también incluye a los ex directores de Adquisiciones y de Administración, respectivamente, de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Enrique Tarín y Gerardo Villegas, funcionarios durante la gestión del ex gobernador César Duarte (actualmente prófugo).
El juez federal Gerardo Moreno, quien reclama el caso de los detenidos (acusados de desviar 250 millones de pesos del erario) indicó que en caso de incumplimiento sin causa justificada se le aplicará una multa a Juan Martín González, director del Centro de Readaptación Social número 1 en el estado.
En la causa penal 24/2018, se indica que la sanción sería de tres mil unidades de medida y actualización (241 mil pesos) y el tribunal da por recibido el escrito signado por el defensor particular de Gutiérrez, mediante el cual solicita que se utilice el auxilio de la fuerza pública para que el director del Cereso ponga a disposición de las autoridades federales a su defendido.
El oficio del juez federal indica que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del décimo séptimo circuito resolvió negar la suspensión provisional y se otorgó un plazo de 24 horas a partir de la notificación (realizada ayer) para que se ordene el traslado de los tres imputados.
En febrero pasado, García se manifestó competente para conocer el caso y ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial de la entidad entregar todo el contenido de la carpeta de investigación sobre el caso Gutiérrez; así como de las resoluciones judiciales que ya se habían dictado dentro del proceso.
En abril, un tribunal colegiado resolvió que el proceso penal contra Gutiérrez y los dos funcionarios era competencia del fuero federal, por lo que dejó el caso en manos del juez de Control, Gerardo Moreno.
Mientras que en mayo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de la entidad detuvo la entrega de los servidores públicos, luego de considerar los recursos de queja que interpuso el gobierno estatal, encabezado por Javier Corral, para permanecer en el Cereso.
Analizan respuesta
Al cierre de la edición, la Fiscalía estatal no había dado a conocer su respuesta ante los señalamientos del juez federal Gerardo Moreno, sin embargo fuentes consultadas indicaron que darán respuesta al oficio y que la decisión final dependerá del juez local Alejandro Legarda, quien lleva el caso de los imputados.
JNO