En estos días me tocó escuchar en Madrid diversos foros sobre el buen periodismo, las llamadas fake news y el fenómeno de la corrupción mundial. Sin embargo, he de confesar que cuando se habla de combate a este último fenómeno, México es siempre nombrado como el claro ejemplo de no querer combatir a este gran mal.
En los foros se habló de los grandes casos de corrupción que hay a nivel global, y cómo en muchos países se han tomado medidas e incluso se han procesado a Presidentes y funcionarios que fueron parte de grandes desvíos y sobornos.
Para muchos en el mundo que han dedicado sus trabajos al fenómeno de la corrupción resulta increíble que en México cada que se descubre un nuevo hecho, un nuevo fraude o un nuevo desvío de recursos no pasa absolutamente nada, es decir, no hay detenidos, no hay responsables y, lo peor, el dinero defraudado nunca vuelve a las arcas de las que fue robado.
Hace unos días, el alto comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, recomendó al Gobierno mexicano “crear un consejo asesor para proponer estrategias contra la impunidad” con expertos nacionales e internacionales “como lo menciona el documento que presentó el viernes pasado Open Society, titulado Corrupción que mata”.
En su discurso, Zeid Ra’ad aseguró que el efecto de la corrupción “es devastador para el Estado de derecho”, y por eso es interesante analizar el documento elaborado por Open Society, el cual propone que en nuestro país se dé un mecanismo internacional de apoyo contra la corrupción.
Muchos dirán que en México no se requiere la intervención de otras naciones, pero lo peor es que seguimos sin hacer nada. Nuestros legisladores tienen congelado el Sistema Nacional Anticorrupción, no tenemos claro cómo funcionará ni quién estará al frente ni mucho menos cuándo operará la fiscalía general.
El documento de Open Society detalla que México requiere de este mecanismo internacional “no sólo como primer paso para propiciar la rendición de cuentas que sus ciudadanos han buscado durante tanto tiempo, sino también para abordar las debilidades del Sistema de Justicia Penal, que lo tornan inadecuado en este momento para investigar las estructuras y prácticas de corrupción” que se observan en diversos niveles de gobierno.
Coincido en lo expuesto en el documento de esta organización internacional que refiere que México necesita de la participación internacional para ayudar a resolver casos, fortalecer a aquellas personas dentro del sistema actual que realmente quieran hacerlo funcionar de manera correcta y restaurar la confianza pública en la idea de que es posible lograr justicia para casos complejos y políticamente difíciles. Y esto no significa intervencionismo, sino un simple asesoramiento de lo que nos puede ayudar a funcionar mejor.
Como ha señalado Froylan Enciso, de International Crisis Group, “la debilidad institucional de México ha posibilitado el mantenimiento de la corrupción de autoridades locales y la capacidad por parte de las organizaciones criminales de coaccionar a comunidades mediante la violencia o la amenaza de la violencia.
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