Ante la negativa del Gobierno de Chihuahua de efectuar el traslado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI al Reclusorio Preventivo Varonil Norte (como ordenó un juez federal), la defensa legal solicitará el auxilio de la fuerza pública para el traslado.
El viernes pasado, un juez de control ordenó al jefe de la Policía Federal en Chihuahua trasladar a los ex funcionarios al Reclusorio Norte en la CDMX; sin embargo, elementos de la Fiscalía del Estado, policías estatales y municipales montaron un operativo para impedirlo y reingresarlos al penal de Aquiles Serdán desde el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, donde habían tenido una audiencia vía videoconferencia.
Antonio Collado, abogado del ex funcionario (quien está acusado, junto con los otros dos personaje, de desviar 250 millones de pesos del erario de Chihuahua), anunció que se continuará con la denuncia por delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra la administración de la justicia; además, resaltó que el gobernador (Javier Corral), el fiscal General del Estado (César Augusto Peniche) y otros servidores públicos locales están agrediendo a las instituciones del Estado.
Destacó que con estas acciones se pone en riesgo la seguridad tanto de Gutiérrez como de los ex directores de Adquisiciones y de Administración, respectivamente, de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Enrique Tarín y Gerardo Villegas, funcionarios durante la gestión del ex gobernador César Duarte.
Por otra parte, Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado de Tarín y de Villegas manifestó a 24 HORAS que el despliegue de policías estatales el viernes pasado para evitar que la Policía Federal diera cumplimiento a la resolución de un juez federal en cuanto al traslado al Reclusorio Norte, evidencia la desesperación del Gobierno estatal para que no se les caiga un caso evidentemente armado.
JNO