Usted recordará que, en febrero pasado, el INE dio a conocer que 23 aspirantes a diputados federales que contendieron por la vía independiente habían presentado un sinnúmero de firmas falsas, y por ello el INE no les otorgó el registro.
Incluso, en su momento, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, afirmó en conferencia que “hubo una acción orquestada para cometer delitos y presentar apoyos apócrifos a favor de aspirantes a independientes”.
Miranda Jaimes declaró que la presentación de firmas falsas es grave y que, incluso, si se detectaron credenciales para votar falsas, fue “gracias a la aplicación móvil para la captación de apoyos a los aspirantes a candidatos independientes, procedimientos tecnológicos que generan archivos, huellas y permiten seguimiento”.
De los 23 aspirantes que presentaron firmas falsas,14 fueron miembros del colectivo Podemos Juntos. De los hechos el INE presentó denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR (Fepade).
Con los meses todos pensamos que el asunto de las rúbricas falsas para aspirantes a candidatos independientes sería un asunto que le llevaría mucho tiempo a la Fepade. La buena noticia es que el caso y la investigación avanzaron y se detectó a los responsables. La mala es que un juez federal consideró que la falsificación de firmas o la simulación de éstas a partir del uso del Registro Federal de Electores sólo sería penada con menos de tres mil pesos y un curso de seis meses para prevenir delitos electorales.
El hecho es que la Fepade investigó el caso, lo concluyó y lo presentó ante un Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, bajo la causa 71/2018. Desde el 2 de abril, la Fepade llevó el caso hasta la Sala 1 del Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, y presentó como imputadas por la falsificación de firmas para, al menos, 14 diputados federales a dos auxiliares que contrató la organización Juntos Podemos, Silvia Pérez y María Luisa Zepeda.
Para el 6 de abril, el juez de Control aseguró que había todos los elementos para investigarlas y las vincuó a proceso, además de autorizar a la Fepade un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Sin embargo, el 15 de mayo pasado, las cosas se modificaron sin previo aviso, ya que el caso lo tomó otro juez; en este caso, la jueza de Control, Angélica Lucio Rosales, esto a solicitud de las imputadas. En ese momento, el apoderado legal del INE y el ministerio público federal solicitaron la suspensión de la audiencia con la finalidad de incorporar el monto completo por concepto de reparación del daño y tener más pruebas de cargo, pero la jueza se los negó.
Por su parte, los abogados solicitaron la incorporación de una nueva figura dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal que permite abreviar procesos y acelerar el caso; esta figura es conocida como Suspensión Condicional del Proceso.
Ante esto, el INE y la Fepade se opusieron de inmediato a la medida alterna de solución del conflicto, pero la jueza de nuevo se impuso y decretó un nuevo debate en el que concluyó otorgar la Suspensión Condicional del Proceso a favor de las imputadas Silvia Pérez y María Luisa Zepeda.
Además, en su sentencia, la jueza sólo les impuso a estas dos inculpadas por concepto de pago de reparación del daño a favor de la parte ofendida -en este caso el INE- la cantidad de mil 833 pesos, y por la imputada Silvia Pérez Mendoza, 916 pesos. La jueza consideró además que las imputadas durante seis meses no debían cambiar de domicilio o de trabajo, y como sanción deberían intervenir en un Programa de Prevención de Delitos Electorales ante la Fepade.
Ante la queja del INE y de la fiscalía, la jueza desestimó valorar la grave afectación al bien jurídico argumentando que ella no trabajaba en el Tribunal Electoral, y dio por cerrado el caso, el cual será impugnado.
(@osdtagle)