El mes de abril pasado, un grupo de senadores presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. El objetivo de esta iniciativa es dotar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de facultades para eliminar barreras en la materia, en particular aquellas que son impuestas por alguna autoridad gubernamental a través de regulaciones emitidas a nivel federal o local. De manera específica, esta iniciativa crearía un nuevo procedimiento para que los ciudadanos/consumidores, la Cofece y las autoridades responsables puedan colaborar para eliminar regulaciones anticompetitivas, y al mismo tiempo establecería un procedimiento (judicial) ante los tribunales especializados en materia de competencia económica para recurrir, suspender provisionalmente y, en su caso, eliminar barreras regulatorias.
Más allá de virtudes (la reforma propuesta busca empoderar a los ciudadanos/consumidores al permitirles presentar denuncias directamente ante la Cofece por barreras a la competencia) o defectos específicos de la iniciativa de reforma a la ley (no queda claro por ejemplo si los nuevos procedimientos serán aplicables solo para barreras regulatorias existentes, es decir, en regulaciones vigentes, o si también serán aplicables para barreras que se encuentren en anteproyectos de regulación), ésta pone de relieve un problema no menor: las barreras a la competencia tienen muchas veces su origen en la actuación misma de las autoridades, las cuales emiten regulaciones que no solo imponen costos excesivos –asociados a las cargas administrativas– a los potenciales participantes del mercado, sino que en muchas ocasiones contienen disposiciones que abiertamente limitan el proceso de competencia y libre concurrencia, por ejemplo al restringir el número de empresas que pueden competir mediante el establecimiento de áreas geográficas u horarios para ofrecer determinados bienes o servicios, o bien reducen la capacidad de algunos proveedores para competir mediante el establecimiento de precios mínimos.
En México el problema de las regulaciones anticompetitivas se agrava por la superposición de regulaciones en distintos niveles; no obstante, actualmente la Cofece cuenta con facultades limitadas –a diferencia de lo que sucede en otros países o jurisdicciones a escala internacional– para promover un ambiente regulatorio pro-competitivo, a través de (i) la emisión de opiniones no vinculantes sobre ajustes a programas y políticas, y respecto de anteproyectos de regulación, entre otros, así como (ii) actividades promocionales para promover una cultura y principios de competencia entre autoridades públicas para favorecer el diseño y la aplicación de normatividad y políticas públicas pro-competencia. Estas facultades han mostrado ser claramente insuficientes para combatir las barreras regulatorias.
Esta iniciativa sería complementada, a decir de los propios senadores, por una iniciativa de reforma constitucional, la cual facultaría a la Cofece a interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados. De prosperar estas iniciativas –a lo cual hay que estar muy atentos pues una reforma constitucional similar fue desechada recientemente por la Cámara de Diputados–, se daría una importante señal de que la política regulatoria y la política de competencia deben complementarse y reforzarse mutuamente, y de que las autoridades públicas deben ser las primeras en poner el ejemplo por lo que al cumplimiento de la ley se refiere.
@JorLuVR