Foto: Cuartoscuro Antecedente. Duarte ya estaba vinculado a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. En la foto, en Guatemala, el día que fue extraditado a México.  

El juez del fuero común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, es decir, tres de siete delitos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz le imputa.

En la Sala 1 de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el juzgador estableció seis meses como plazo al Ministerio Público para efectuar la investigación complementaria y para que la defensa legal del priista reúna las pruebas a su favor.

También concedió la prisión preventiva justificada que solicitó la FGE, al argumentar que el hecho de que Duarte esté privado de su libertad desde el 17 de julio de 2017, por delitos del fuero federal (enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada), no es un impedimento para aplicar una nueva medida similar debido a que se tratan de hechos distintos.

Durante la audiencia, que duró tres horas, el ex priista, acompañado de su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, tuvo una intervención donde cuestionó: “Para que me quede claro, ¿de los siete delitos que se me imputaban me quedan tres?”, a lo que López Ruiz respondió con un “sí”. Los otros tres delitos son abuso de autoridad, coalición, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencia, cuya investigación se sigue integrando.

Sobre el delito de peculado, la Fiscalía indicó que Duarte ordenó transferir 220 millones de pesos de la Comisión de Agua a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, lo que ocasionó la suspensión de 97 obras hidráulica; además, se desconoce el destino del recurso. En cuanto al tráfico de influencias, los fiscales manifestaron que el ex priista utilizó una aeronave del estado para trasladarse del centro de Xalapa al Puerto de Veracruz.

Mientras que en el caso del delito de incumplimiento del deber, se le responsabilizó de que el 12 de octubre de 2016 pidió licencia al Congreso local para dejar el cargo, pero no realizó formalmente la entrega de su administración.

Al concluir la audiencia Ricardo Sánchez Reyes Retana comentó que no están de acuerdo con la resolución y que apelará la vinculación a proceso, aunque no precisó si será por los medios convencionales o mediante un juicio de amparo.

En un comunicado la FGE informó por los delitos a los que fue vinculado Duarte podría alcanzar una pena de hasta 38 años de prisión, y que ante los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fue comprobada su probable responsabilidad en los hechos que se señalan en los Procesos Penales 38/2017 y 56/2017.

 

 

JNO