Los nueve sindicatos representativos de los funcionarios franceses, que hoy organizaron la tercera jornada de huelga en siete meses y medio contra la política del presidente, Emmanuel Macron, no lograron la gran movilización en la calle que esperaban para obligar al Gobierno a ceder.
En París, donde se celebró la principal de las cerca de 140 manifestaciones convocadas por todo el país, acudieron 15.000 personas, según la Prefectura de Policía, y 16.400 según un gabinete contratado por varios medios de comunicación.
La imagen de la unidad sindical con los máximos dirigentes de las centrales al frente del cortejo -a diferencia de lo ocurrido en los pasados paros del 10 de octubre y el 22 de marzo- no fue suficiente para sacar a las calles de forma masiva a los empleados públicos.
Además, el mensaje de la marcha quedó en parte deslucido por la acción de grupos radicales integrados por unas 200 personas, la mayor parte encapuchados, que, según la Prefectura, saquearon dos escaparates y destruyeron mobiliario urbano.
Pese a todo, el paro sí tuvo impacto en diferentes sectores, como en los controladores aéreos, lo que se tradujo en la cancelación de decenas de vuelos en tres de los principales aeropuertos franceses, el de Orly en París, el de Marsella y el de Lyon, donde las compañías tuvieron que reducir sus rutas en un 20%.
En la enseñanza, el Gobierno francés dijo que un 15% de los maestros en primaria y un 10% de los profesores en secundaria y en los liceos estuvieron en huelga. Además, también se vieron afectados los comedores escolares o las guarderías que están gestionados por empleados municipales.
Los policías organizaron en varias ciudades las llamadas “operaciones caracol” para ralentizar la circulación y exigir, entre otras cosas, el mantenimiento de su estatuto que les permite jubilarse a partir de los 57 años.
A la cabeza de los motivos de esta protesta están los planes del Ejecutivo galo de suprimir 120.000 puestos de funcionario de aquí a 2022 y utilizar más los contratos de derecho privado en el sector público.
Las administraciones públicas emplean a unos 5,7 millones de personas en Francia, y casi un millón no tienen estatuto de funcionario.
El otro gran motivo de descontento es la voluntad gubernamental de mantener la congelación de sueldos, que justifica por el estado de las finanzas públicas y que sólo está dispuesto a negociar en algunas categorías, en particular los hospitales.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, dijo que los manifestantes hoy reclamaban “una concepción de la sociedad francesa diferente a la del presidente” Macron, que “defiende una sociedad liberal, una sociedad de ricos”.
El líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), Laurent Berger, justificó la jornada de movilización como “una demostración de fuerza” ante un “Gobierno que no entiende el malestar” de los funcionarios, a los que a su juicio presenta como un costo cuando “son muy necesarios cuando la cohesión social está amenazada”.
Después de los funcionarios son los trabajadores de la compañía de trenes estatal SNCF los que están convocados mañana a una nueva jornada de huelga en Francia, la vigésimo primera desde comienzos de abril contra la reforma del sector ferroviario.
Según las previsiones de la empresa, circularán el 60% de los trenes de alta velocidad, el 40% de los otros convoyes de largo recorrido, la mitad de los regionales y de los cercanías en París.
En cuanto a las líneas internacionales, con carácter general funcionarán las dos terceras partes, aunque en los trayectos con España sólo se mantendrán la mitad.
TFA