Declaración de Lima. Las autoridades evalúan las medidas que habrán de adoptarse respecto a los organismos que tengan este tipo de acuerdos.
Las autoridades financieras mexicanas advirtieron a las entidades de este sector que operen al amparo de la legislación financiera mexicana, sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos, creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela, reputados como inválidos por los organismos internacionales y en consistencia con la Declaración de Lima.
Así lo alertaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Señalaron que celebrar operaciones con entidades que sean parte u operan al amparo de la denominada “Asamblea Constituyente” de la República de Venezuela, podría ser violatorio de la normatividad que les resulta aplicable a dichas entidades.
Además de poner en peligro la consecución de las operaciones celebradas en contravención a las determinaciones tomadas por organismos internacionales y en la Declaración de Lima, en perjuicio del público en general, apuntaron en un comunicado conjunto.
Las autoridades financieras mexicanas refirieron que el 8 de agosto de 2017, los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron en la ciudad de Lima, Perú.
Ello, para abordar la situación en Venezuela y explorar cómo contribuir a la restauración de la democracia a través de una solución pacífica y negociada, así como que emitieron la Declaración de Lima.
En esta Declaración, entre otros, expresaron que los actos jurídicos que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
Recordaron que en 2017 la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, por ser una alteración del orden constitucional de ese país.
Mencionaron que México y Perú solicitaron opinión al Consejo General de la Organización Estados Americanos (OEA) sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, que sustituyó a la Asamblea Nacional. Dicha consulta, agregaron, fue ampliada para verificar la validez de los siguientes actos que no cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional.
Empresas afectadas
Diversas empresas mexicanas se han visto afectadas en los últimos años con el gobierno venezolano debido a la situación política que vive esa nación sudamericana. En 2008, el gobierno venezolano, encabezado en aquel entonces por Hugo Chávez, tomó la decisión de nacionalizar a la empresa mexicana Cemex. En diciembre de 2011, la administración chavista pagó 360 millones de dólares a la tercera cementera en la escala mundial. Ya en el régimen de Nicolás Maduro, otra compañía afectada fue Coca Cola Femsa (KOF), la cual al cuarto trimestre de 2017 informó que tuvo una pérdida neta de 24 mil 245 millones de pesos, debido a un cambio en la metodología para contabilizar sus operaciones en Venezuela.
Otra compañía que tuvo que salir de la república bolivariana de Venezuela fue Gruma, encargada de producir tortillas y harina. Tras el anuncio de la compañía en 2015, Venezuela tuvo que pagar a la productora de maíz una indemnización cercana a los 484 millones de dólares.
Metalsa, una de las productoras de chasises y largueros para automóviles, afiliada a Grupo Proesa, anunció en diciembre de 2014 salió de esa nación sin dar más detalles del porqué. Aeroméxico, anunció en junio de 2016 que cancelaría todos sus vuelos al país sudamericano.
La decisión fue tomada de forma indefinida debido al complejo entorno económico que se vive allá.
Ante esta situación, Coca Cola Femsa (KOF), Grupo Bimbo y Mexichem continúan operando en la república bolivariana de Venezuela.