Hace 20 meses se dio a conocer que el entonces alcalde a Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, habría firmado un contrato por siete millones de pesos en 2015 para ser el candidato del Partido Social Demócrata y así ocupar dicha alcaldía.

Sobre estos hechos se iniciaron tres investigaciones que se abrieron hace 20 meses; una en la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR, misma que no ha sido resuelta. Una segunda investigación se abrió en la Procuraduría del Estado de Morelos que sólo resolvió que las firmas en dicho contrato presentado por los hermanos Roberto y Julio Yáñez sí pertenecían a Cuauhtémoc Blanco.

Y la tercera pesquisa será la que el próximo lunes se discuta en el pleno del Consejo General del INE, que tras una larga investigación detectó irregularidades en los señalamientos de los hermanos Yáñez y de las propias declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, irregularidades que llevaron a las autoridades a tener dudas de lo ocurrido, pero a no contar con una prueba fehaciente de que se celebrará dicho contrato.

El lunes, los consejeros del INE discutirán el proyecto de resolución respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Social Demócrata y de Cuauhtémoc Blanco.

En este proyecto se pueden observar las diversas faltas de pruebas que se presentaron durante la investigación. Una de ellas es la contradicción que tuvo Roberto Yáñez sobre la ubicación del contrato original.

Por ejemplo, a principios de octubre declaró a las autoridades que lo había perdido, pero a finales de octubre de 2016 lo presentó ante la Fiscalía del Estado de Morelos, la cual corroboró la autenticidad de las firmas y del documento. Sin embargo, cuando el INE solicitó el documento, la historia fue que lo extravió el 7 de noviembre; esto le declaró Roberto Yáñez al INE: “Salí de Cuernavaca rumbo al DF, llegué a la terminal de Taxqueña, tomé un taxi y me dirigí al lugar de reunión.

Una vez ahí, atendí mi reunión, y una vez que estaba desayunando me percaté de que lo había olvidado en el taxi”. Sobre los siete millones que, se supone, le dieron a Cuauhtémoc Blanco, el INE no encontró registro en cuentas bancarias o compra de propiedades que pudiesen dar con el origen o destino del dinero.

De acuerdo al documento que se discutirá el lunes, el INE no logró comprobar las afirmaciones de los hermanos Yáñez, como ésta: “Quiero manifestar que las entregas de dinero siempre fueron en efectivo, sin poder precisar las denominaciones de las mismas, pero lo que nunca variaba es que solamente se encontraban presentes José Manuel Sanz Rivera y Cuauhtémoc Blanco Bravo, y por nuestra parte era mi hermano Julio César Yáñez Moreno y yo”.

Ante las diversas dudas, los consejeros del INE propondrán no absolver a Cuauhtémoc Blanco, pero sí aplicarle el principio “in dubio pro reo”, que es un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda frente a las pruebas que obran dentro del expediente.

En ese tenor y ante la falta de convicción, el INE resolverá que cada uno de los involucrados en el caso se quede con su golpe, por lo cual resolverá que no advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del PSD de Morelos ni del entonces candidato Cuauhtémoc Blanco, razón por la cual “por lo que hace al contrato de prestación de servicios, deviene infundado”.