La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares aplicadas al candidato del PRI al gobierno capitalino, Mikel Arriola, luego de que su adversaria Alejandra Barrales denunció que la señalaba falsamente de enriquecimiento ilícito.
Con esta determinación quedan sin efecto las medidas cautelares impuestas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra Arriola Peñalosa.
Pese a que los órganos electorales de la Ciudad de México le habían dado la razón en primera instancia a la candidata de la alianza Por la Ciudad de México al Frente, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que el abanderado del PRI no le imputó hechos falsos.
Por esta razón es viable que en redes sociales Arriola pida que explique el origen de sus recursos y su patrimonio, toda vez que Alejandra Barrales siendo candidata está sometida a un mayor escrutinio público.
Al respecto, Mikel Arriola dijo que aunque Alejandra Barrales afirmó que había ganado en ese asunto resultó que era mentira y prueba de ello es la resolución de la Sala Superior del TEPJF.
“Lo que decían es que a partir del material que yo publiqué respecto de su riqueza inexplicable se estaba difamando a la candidata, hoy nosotros tenemos la libertad de seguir argumentando con datos contables y financieros que la señora Barrales tiene que explicar el origen de 35 millones de pesos”, agregó.
A juicio del candidato del PRI, Barrales está metida en un callejón sin salida porque no puede acreditar la riqueza que él y su equipo han ido narrando y certificado a través de un perito contable.
“El peritaje lo que hace es evidenciar que no hay ninguna congruencia entre su ingreso y su gasto; eso es lo que queremos explique Alejandra Barrales”, señaló en entrevista luego de reunirse con vecinos de la delegación Cuajimalpa.
Explicó que el Tribunal argumentó que la publicación de los videos en los que se denuncia el incremento inexplicable del patrimonio de Barrales no difama o afecta su candidatura.
“Esto debido a que existe una investigación en curso por la posible comisión del delito antes mencionado y, paralelamente, porque el asunto debe ser considerado un tema de interés general entre la población”, apuntó.
DCA