Estamos a tan sólo 33 días de que se realice la elección, y las autoridades electorales todavía no cuentan con un mapa de riesgo integral que sirva para poner atención en aquellas entidades con mayor incidencia en delitos en esa materia o con una incidencia delictiva que influya en el proceso del próximo mes de julio.
En abril pasado, las autoridades electorales afirmaron que ellas ya contaban con un análisis de lo que está ocurriendo en el país, pero esto de nada sirve si la información no la comparten con la población.
Los ciudadanos tenemos derecho a contar con los datos de los estados y municipios en los que la autoridad electoral podría tener reporte de riesgos; tenemos derecho a conocer los lugares en donde ha detectado la compra anticipada de votos, la entrega de materiales o de despensas a cambio de credenciales de elector.
Por meses he escuchado que nuestro voto debe ser razonado, bien pensado, y un mapa integral nos ayudaría a reconocer quiénes están cometiendo delitos, cómo denunciarlos y de esta forma ayudar a las autoridades.
Por semanas he escuchado a los funcionarios de la Fepade que en su despliegue ministerial anuncian que en materia de delitos electorales no hay estados con focos rojos, que llevan pocas denuncias y que todo va por buen camino.
Por otro lado, escucho lo que supongo no le llega a la Fepede: pláticas en las que las personas son amenazadas del retiro de los programas sociales, reparto de despensas, útiles, dinero y todo lo que yo supondría ya tiene ubicado la autoridad.
Y por qué refiero esto. Este fin de semana estuve analizando la información que presentó Democracia sin Pobreza, la cual es un esfuerzo colectivo coordinado por la organización Frente a la Pobreza con el apoyo institucional de Alianza Cívica.
Ellos, a través de mapas interactivos, nos muestran lo que la autoridad electoral no conoce o no informa sobre denuncias. En este esfuerzo, Democracia sin Pobreza nos enseñó la forma en que monitoreó, vigiló y trata de prevenir “el uso electoral de programas sociales para evitar que la pobreza y la desigualdad sean utilizadas como herramientas de control y manipulación política y se desvíe dinero de los programas de superación de la pobreza hacia operativos político-electorales”.
Pero vayamos a lo que encontraron; por ejemplo, en los mapas interactivos podemos ver el llamado índice de precios del voto, el cual elaboraron a través de diversas denuncias y hechos que documentaron y en el que refieren cómo a lo largo del país la compra previa del sufragio va de los 350 hasta los cinco mil pesos.
Otro punto importante es que del 5 de abril al 22 de mayo de 2018 se detectaron 151 reportes en 25 entidades federativas. De ésos, 41% corresponden a la entrega de cosas, principalmente despensas; 36%, al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de los programas sociales, principalmente Prospera.
De esas denuncias, en 58% de los casos se otorgó el beneficio a cambio de entregar la credencial de elector; 25%, a cambio de la promesa de votar por algún candidato y 10%, a cambio de acudir a algún mitin.
Twitter: @osdtagle