La alta burocracia está preocupada.
Teme la llegada de Andrés Manuel López a la Presidencia de la República por varias razones.
La primera:
El tabasqueño llega con planes de venganza en contra de quienes viven más o menos bien, quienes están preparados, saben su trabajo y dan viabilidad a la administración pública.
La segunda:
Como el dueño de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegaría con muchos incondicionales, sus aliados ocuparán las posiciones principales en la estructura gubernamental.
La tercera:
Desde ahora los ha desacreditado como parte de la mafia del poder y, en consecuencia, se deshará de ellos sin importar si son parte del Servicio Civil de Carrera y su experiencia gubernativa.
Yo agrego otra:
El objetivo es hacer campaña con la disminución de salarios a los servidores públicos de altura –secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales, etcétera- para ahorrar gasto.
Quinientos mil millones de pesos, dice y repite todos los días él…
EN LA CAPITAL NO HUBO AHORRO
La promesa es reducir los sueldos a la mitad.
Andrés Manuel López lo hizo en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), cuando como muestra de austeridad él andaba en un Tsuru viejo, mientras su hijo Andrés Manuel López Beltrán traía y chocaba en sentido contrario con una lujosa Grand Cherokee oficial.
Las cifras actuales y posibles no son compatibles con la realidad.
Un dato:
Según López, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganan 650 mil pesos mensuales, algo así como 7.8 millones de pesos anuales.
La cifra está muy inflada.
Por ley, quien más gana es el Presidente de la República, y sus ingresos netos anuales –salario nominal menos impuestos y otras deducciones- no llegan a tres millones de pesos.
Si el tabasqueño los reduce 50%, entonces percibiría 2.3 millones de pesos.
Sería su magra, pero demagógica aportación para los 500 mil millones prometidos al país quién sabe de dónde, porque de acuerdo al Presupuesto de Egresos del presente año, los funcionarios de primer nivel –de secretarios de Estado a titulares de unidad y directores generales- apenas perciben dos mil 800 millones.
Es decir –y concesión sin validez-, ese medio billón de pesos depende del combate a la corrupción y no de sacrificar a la burocracia.
Fruto, además, no visto cuando fue jefe de Gobierno en el Distrito Federal.
AÑO MÁS VIOLENTO… A LA MITAD
1. El 2018 se ha convertido en el año más violento contra el periodismo y todavía no cruzamos la primera mitad.
De acuerdo a la Fundación Mora Gómez, con el crimen de ayer en Ciudad Juárez de Héctor González Antonio, van siete en el año para sumar 51 en la administración federal.
Tras dar estas cifras, el organismo presidido por Fernando Mora declaró: “Tamaulipas no es segura para ejercer la actividad periodística”.
2. El Gobierno de Quintana Roo da un paso para regular el transporte público a través de la Ley de Movilidad.
La idea, sostuvo el gobernador Carlos Joaquín, es regular la entrega de concesiones, evitar la concentración y, a través de GPS y otros controles, disminuir la violencia en la entidad.
