Crisis. La Cámara de Turismo denuncia presiones de autoridades para externar apoyo al Gobierno
MANAGUA.- Dos de los empresarios más exitosos de Nicaragua, Carlos Pellas y Roberto Zamora, solicitaron ayer públicamente que se adelanten las elecciones para superar la crisis sociopolítica que ya ha cobrado al menos 85 vidas, desde el 18 de abril pasado en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
“Hay que encontrar una salida ordenada (de Ortega), dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven a un adelanto de elecciones en Nicaragua”, dijo el dueño del Grupo Pellas, en entrevista al diario local La Prensa.
Y en un comunicado, Zamora, presidente del Banco Lafise, afirmó que “es muy importante lograr una pronta salida a esta crisis nacional sin más sufrimiento y derramamiento de sangre (…) que sea la voluntad popular a través de elecciones anticipadas, la que establezca la justicia, la democracia y la libertad en nuestra patria”.
Pellas y Zamora emitieron sus declaraciones horas después de que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), del que son rectores, emitió un comunicado en el que instó a los miembros del sector privado a renunciar a sus cargos en comisiones, comités o juntas directivas de instituciones públicas, “en correspondencia con nuestro compromiso con la justicia y la democratización”.
El Cosep agrupa a una decena de asociaciones de productores y una decena de cámaras de Nicaragua.
Los empresarios también anunciaron su respaldo a la marcha realizada ayer para apoyar a las mujeres que perdieron a sus hijos durante las protestas, organizada precisamente en el Día de las Madres en Nicaragua.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el movimiento Amnistía Internacional han señalado a la Policía Nacional y a grupos “paraestatales” o “parapoliciales” afines a Ortega, de realizar una represión “en ocasiones intencionalmente letal”, y posibles “ejecuciones extrajudiciales”.
La mayoría de las víctimas son estudiantes universitarios, y la causa más frecuente de muerte fue por disparos certeros en la cabeza, cuello y torso.
El diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos- está congelado a la espera de su anunciada reactivación con temas importantes sobre la mesa como la democratización del país que implica la salida de Ortega o la desinstalación de los bloqueos en las carreteras que ha demandado el Gobierno. En tanto, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) denunció ayer que empresarios del sector son presionados por funcionarios estatales para que expresen públicamente su apoyo al Gobierno.
La Canatur indicó en un comunicado que los empresarios turísticos han recibido llamadas y mensajes “para que asistan a reuniones convocadas por las autoridades, y se comprometan a firmar una carta de rechazo a los tranques (bloqueos) organizados por los campesinos y otras instancias de la sociedad civil” que protestan contra Daniel Ortega.
Los tranques son bloqueos en las carreteras que los manifestantes “autoconvocados” han ideado con el objetivo de presionar a Ortega para que renuncie.
BALANCE DEL CONFLICTO
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua presentó un reporte de las víctimas durante la crisis sociopolítica que se vive desde el 18 de abril pasado:
85 muertos, hasta el 28 de mayo: cinco son estudiantes universitarios, cuatro estudiantes de secundaria, un docente, un periodista, tres policías y el resto ciudadanos de la población en general, indicó esa Comisión en un comunicado.
Entre los fallecidos se registran cuatro mujeres, de las cuales una murió por impacto de bala y tres porque no pudieron llegar al centro médico correspondiente debido a los tranques (bloqueos en carreteras).
La Comisión creada por el Parlamento tiene un plazo de tres meses, que termina el 5 de agosto próximo, para investigar los muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados durante las violentas protestas acontecidas desde el 18 de abril.
La Comisión está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Jaime López Lowery; el subprocurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín, y el académico e intelectual Cairo Amador