Si bien las campañas electorales en México se han centrado en el crimen y la corrupción, el principal tema son las reformas estructurales que impulsó la actual administración federal, como la educativa, que Andrés Manuel López Obrador ha insistido en cancelar.
De acuerdo con The Economist, el abanderado presidencial de Morena, PT y Encuentro Social ha jurado que “la llamada reforma educativa será cancelada”.
También exigió justicia para los “presos políticos”, como se llaman a si mismos los sindicalistas encarcelados por corrupción.
López Obrador sostiene que la reforma es una puerta de acceso a la privatización de las escuelas, y que los estados pobres como Oaxaca no deberían ser sujetos a los estándares nacionales.
La publicación inglesa refiere que la mejor causa de esperanza para quienes apoyan la reforma educativa es la división entre los sindicatos de maestros.
El SNTE, el más grande de los dos, ha puesto su suerte con las nuevas políticas, y puede ser poco para cambiar el rumbo, señala The Economist en el artículo titulado “la crucial reforma educativa de México corre el riesgo de ser desenrollada”.
Refiere que el mejor escenario para quienes apoyan la ley es que López Obrador solo promete una derogación para apuntalar los votos, y se limitará a jugar con la reforma una vez en el cargo.
Aunque, eso, señala, desataría una nueva ola de furia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Pero también podría dar a la ley tiempo suficiente para trabajar y volverse políticamente sacrosanto en las elecciones presidenciales de 2024.
The Economist subrayó que el último debate presidencial, a celebrarse en Mérida, el 12 de junio, se centrará en la educación.
“Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda que es el gran favorito para ganar, seguramente reiterará su deseo expresado de eliminar la ley”, apuntó.
La publicación resaltó en ese sentido que según los estándares mundiales, el sistema educativo del país tiene un desempeño deficiente.
Por ejemplo, los puntajes de sus alumnos de 15 años en el examen PISA, que mide el dominio de la ciencia, la lectura y las matemáticas, están muy por detrás de los de países europeos como Bulgaria y Rumania, que gastan cantidades similares por estudiante en educación.
Incluso dentro de América Latina, sus puntajes son ligeramente mejores que los de Colombia, cuyo presupuesto por estudiante es un 45 por ciento más bajo.
Subraya que, dado el dominio histórico del SNTE en las escuelas mexicanas, “es sorprendente que al país no le vaya aún peor”.
Y es que, antes de 2013, el sindicato tenía una mayoría de escaños en “comisiones de contratación”, lo que le permitía controlar quién ingresó a la profesión.
Así, los maestros no enfrentaron revisiones de desempeño y no pudieron ser despedidos, además de que podrían transferir su posición a cualquier persona que eligieran.
En 2014, un censo de docentes encontró que 300 mil beneficiarios -cuyos salarios estimados representaban el 10 por ciento del presupuesto federal de educación- se habían ido, muerto o nunca existieron.
Durante décadas, el SNTE utilizó su influencia para preservar este sistema. Sus 1.5 millones de miembros tendían a votar al unísono y persuadían a los padres a hacer lo mismo, apunto.
Un estudio encontró que los candidatos respaldados por el SNTE recibieron un aumento del 2.0 por ciento en las casillas de votación que eran escuelas.
La publicación refiere que es demasiado pronto para evaluar la efectividad de la reforma, ya que los próximos resultados de PISA no vencen hasta 2019.
Incluso si las políticas funcionan, es posible que los resultados de los exámenes no mejoren. Pasará una década antes de que los estudiantes que toman el examen hayan sido enseñados principalmente por instructores contratados por mérito, expresó.
Además, dijo, las reformas también se han visto obstaculizadas por una oposición feroz, ya que los miembros de la CNTE están boicoteando sus evaluaciones y negándose a administrar exámenes a sus estudiantes, algunas veces bajo amenaza de amenazantes matones sindicales.
Las huelgas han interrumpido cada año escolar en Oaxaca al menos una vez desde 1994; la cohorte que ingresó en 2012 perdió casi un año de clases en más de seis años de escuela primaria.
JNO