Esta semana, un tribunal colegiado de Tamaulipas tomó por sorpresa a las autoridades del Estado mexicano, principalmente al Gobierno federal y muy en específico a la Procuraduría General de la República y uno que otro ex funcionario que anda en campaña.

Y el asunto no fue menor, ya que los magistrados reabrieron, y fuerte, un debate que no estaba en agenda y que en términos generales nos habla de la falta de autonomía de las autoridades ministeriales, de la ausencia, por tanto, de un fiscal general y de todo el sistema de anticorrupción que sólo quedó en el tintero del legislativo.

La resolución de los magistrados sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida la madrugada del 26 de septiembre de 2014, nos deja ver que nuestro Sistema de Procuración de Justicia aún no termina por entender el llamado debido proceso.

Y que nuestros funcionarios, justamente al irse por los indebidos procesos, sólo llegan a un final, que los casos se caigan, que no se obtenga la verdad y que aumenten los casos de injusticia.

Los magistrados resolvieron que hay indicios de que varios de los inculpados en el caso y que forman parte del grupo criminal Guerreros Unidos pudieron haber sido torturados para modificar o dar sus declaraciones bajo métodos no ortodoxos. El gran problema de esto será que si en verdad son culpables de haber matado a los estudiantes y el Ministerio Público los torturó para sacarles su confesión, estos hombres podrían estar libres en unos meses, a pesar de su probable responsabilidad.

Luego de tres años, el tribunal colegiado determinó que la investigación tiene irregularidades y los magistrados recomendaron que, ante la falta de autonomía de las autoridades, había que crear una comisión de la verdad.

En esta semana diversos juristas han tenido un debate sobre si los magistrados se excedieron en sus funciones al llamar a crear dicha comisión, pero lo cierto es que en el ánimo de los ministros de la Corte está el de respetar el fallo de los magistrados. En los pasillos de la Corte se señala que el amparo en revisión debe tomarse como una sentencia final que deberá cumplir el Estado mexicano.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue menos suave en su balance sobre el seguimiento a las recomendaciones hechas a un año del seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes desaparecidos.

De hecho, durante su presentación, la relatora Esmeralda Arosemena respaldó la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, y llamó a las autoridades mexicanas a acatar el fallo. “A la fecha no se ha realizado un cambio en la narrativa del caso que deje atrás la ‘verdad histórica’, que el Tribunal ha señalado como una verdad insostenible; y en congruencia tiene que haber una nueva narrativa”, planteó.

Lo que dejó claro ayer la CIDH es que en los próximos meses continuará dando seguimiento a las investigaciones efectuadas acerca de las graves denuncias de tortura, sobre denuncias de ocultamiento de pruebas, así como al presunto intento de espionaje a distintas personas defensoras de derechos humanos vinculados al caso.

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