A cinco días del tercer y último debate entre los cuatro candidatos presidenciales ya nadie le presta atención.

Se creía en los dos anteriores encuentros, tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya tenían la oportunidad de hacer tropezar a Andrés Manuel López Obrador o, por lo menos, de reducir su ventaja, pero no fue así.

Aunque a Meade se le reconoció como quien mejores propuestas hizo y Anaya como el ganador de ambos encuentros, de nada les sirvió.

Las encuestas posteriores a los debates –no las inmediatas que se hacen para medir quién ganó, sino las de los siguientes días que se hacen para medir si se movieron o no las preferencias electorales- demostraron las victorias fueron mediáticas y que no tuvieron efecto en las preferencias.

López Obrador se mantuvo firme en el primer lugar y la lucha se centró en el segundo lugar que disputan Anaya y Meade, con ventaja para el panista.

Así las cosas, en los equipos de los tres contendientes principales ven con desgano el tercer debate que deberá celebrarse en Mérida el martes próximo.

Si en los dos anteriores encuentros ni el priista ni el frentista le abollaron la ventaja al tabasqueño, ¿qué tema deberían traer bajo el brazo para hacerlo tropezar?

En los dos debates anteriores López Obrador exhibió su desconocimiento de varios temas –el uso y abuso de la frase del combate a la corrupción se volvió mantra-, sus limitaciones para la confrontación de ideas y esa parte de político mesiánico que a muchos le sigue haciendo ruido.

El único aporte que se le recuerda al candidato de Morena es ahora su frase célebre “Ricky Riquín Canallín’’, dirigida a Anaya.

A eso se ha reducido su participación en dos debates.

El tercero parece, pues, un ejercicio inútil no sólo porque la ventaja no se reducirá, sino porque tampoco podemos esperar propuestas amplias y documentadas del candidato puntero.

Ni hablar.

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Primero fue la orden de incluir a Jaime Rodríguez el Bronco, a pesar de que el INE había documentado sus fechorías a la hora de recolectar firmas de apoyo a su candidatura y ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la candidatura del impresentable Napoleón Gómez Urrutia como candidato de Morena al Senado.

Con este aval, fundamentado en una interpretación bastante cuestionable de la ley, el Tribunal –convertido en la Tremenda Corte Electoral- le dio fuero a Gómez Urrutia al menos por los próximos seis años para que evite responder sobre el destino de 54 millones de dólares que les correspondían a los auténticos trabajadores mineros y que el ahora senador –lo será por la vía plurinominal- simplemente desapareció.

Y luego nos piden que confiemos en las autoridades electorales.

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A pesar de que las autoridades electorales aseguran que en el país no existen zonas en las que esté en riesgo la elección del 1 de julio, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales presentará hoy su Atlas de riesgo político-electoral para la elección 2018.

Se trata de un documento elaborado con la colaboración de varias organizaciones, entre ellas las que agrupan a los alcaldes del PAN, en el que establecen las coordenadas de los lugares en donde la violencia política ha cobrado casi 100 víctimas en los últimos meses.

Desde luego que el Atlas no será reconocido como documento oficial porque para el INE y el laxo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vivimos casi en el paraíso.