La familia que perdió a nueve de sus miembros en el tiroteo registrado en noviembre pasado en la iglesia bautista de la comunidad de Sutherland Springs, Texas, interpuso hoy una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, acusándolo de negligencia.
En la demanda, Claryce y Joe Holcombe, argumentan que la Fuerza Aérea de Estados Unidos no informó sobre las sentencias que el tirador Devin Patrick Kelley había recibido por violencia doméstica con una base de datos nacional sobre delitos, lo que le permitió comprar las armas usadas para matar a los miembros de su familia.
Los Holcombe perdieron a su hijo, su nieto, su bisnieta de 17 meses y otros seis parientes en el tiroteo registrado el 5 de noviembre de 2017.
“Sólo queremos que la Fuerza Aérea actúe y se organice”, dijo Joe Holcombe. “No pueden corregir este error. Ya está hecho. Pero pueden arreglarlo para que no suceda en el futuro”.
Los Holcombe son una de varias familias que presentaron quejas formales contra el gobierno federal después del tiroteo.
Debido a que el gobierno no respondió ni ofreció un acuerdo en un plazo de seis meses, los Holcombe tienen derecho a presentar una demanda con base en la Ley Federal de Demandas por Agravios, que permite a los ciudadanos solicitar daños y perjuicios en casos limitados si pueden demostrar una negligencia directa por parte de las autoridades.
Otras familias también planean entablar una demanda una vez que venza el plazo de seis meses para sus reclamos.
La Fuerza Aérea ha reconocido el haber fallado en presentar el historial criminal de su exsoldado Devin Patrick Kelley a la base nacional de datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), como lo exigen las normas del Pentágono.
Después del tiroteo, la Fuerza Aérea informó haber iniciado una revisión de cómo el servicio manejó los antecedentes penales del exsoldado.
Kelley, de acuerdo con los registros de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, compró armas en cuatro ocasiones distintas entre 2014 y 2017.
Los Holcombe sostienen que el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y otros, sabían “desde 1997” que la Fuerza Aérea “rutinariamente no informaban” de los arrestos criminales y la información de sentencias” de sus miembros.
Por ello, asegura, los fallos de la Fuerza Aérea y otros causaron la muerte de su familia. El reclamo podría ser el primer paso para una eventual demanda en caso de que la Fuerza Aérea negara tener responsabilidad en el incidente.
NCG