La Procuraduría General de la República citó al empresario Manuel B., a su esposa y tres de sus colaboradores a declarar en la investigación que realiza en su contra por el supuesto lavado de dinero que cometió para beneficiar al candidato presidencial, Ricardo Anaya.
Un medio de circulación nacional dio a conocer que de acuerdo con el expediente de amparo 121/2018 en febrero pasado la PGR emitió citatorios contra Barreiro; su esposa, Ana U.; Sergio y Juan Carlos R. y Juan Pablo O. en la carpeta de investigación número PGR/UEIORPIFAM/979/2017 que inició en octubre de 2017.
Así lo informó la dependencia al juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México ante quien los cuatro imputados promovieron un juicio de garantías para que la PGR les permitiera acceder a la carpeta y les reciba pruebas de descargo.
En consecuencia, el juez ordenó a la PGR remitir copia de las constancias en las que justifique el citatorio emitido contra los quejosos en las que deberá cuidar el sigilo de la investigación que realiza.
“El catorce de febrero de dos mil dieciocho se giraron citatorios a los aquí quejosos en su carácter de imputados para que comparezcan ante la autoridad ministerial responsable a deducir sus derechos en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017”, indicó el juez.
“Requiérase a la autoridad ministerial responsable para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia auténtica de las constancias que justifican la emisión de los citatorios girados a los quejosos en su carácter de imputados”.
Esto, porque el juez considera que la justificación que tiene PGR para acusar a los cuatro es necesaria para resolver el fondo del amparo en el que reclamaron que la dependencia les impedía ejercer su derecho de defensa.
“El acuerdo reclamado se relaciona con las peticiones formuladas por los quejosos, en las que ofrecieron pruebas y solicitaron el registro de las actuaciones de la carpeta de investigación, es decir, el acto reclamado incide en el ejercicio de su derecho de defensa”, indica el expediente judicial.
La investigación derivó de la denuncia del abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor quien afirmó que Manuel B. encabeza una compleja red de lavado de dinero en el que supuestamente utilizó a sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, para triangular 54 millones de pesos por distintos países y paraísos fiscales para adquirir una nave industrial de la empresa Juniserra S. de R. L de C. V., propiedad de la familia del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
La PGR mantiene aseguradas las oficinas de Advance Real Estate, de las que Manuel B. fue socio director hasta 2017 y ya tomó la declaración de algunos de sus colaboradores en Querétaro.
Incluso, el chofer del empresario, quien figuraba como representante legal de la empresa a través de la cual se adquirió la nave industrial, llegó a un acuerdo con la PGR para devolver el inmueble y colaborar en la investigación.
aarl