Sin duda, estas elecciones han sido las más violentas; a la fecha van 113 aspirantes que han sido asesinados a lo largo de la contienda. En muchos casos se sabía de amenazas previas, en otros las autoridades sólo han informado que resultaban incómodos tanto para sus oponentes como para los grupos delincuenciales locales.
El problema es que para este próximo 1 de julio varios de estos cargos de elección popular no tendrán representación. Al interior de los partidos el mensaje ha sido claro; mientras no mejore la seguridad, es un riesgo ser candidato o funcionario de diversos municipios del país.
Uno de los casos en donde más se está presentando dicho problema es en Guerrero; en esta entidad se ha asesinado a candidatos de diversas fuerzas políticas, incluso a algunos suplentes, y ante ello varios aspirantes o simpatizantes de los partidos se han negado a ocupar tales cargos.
De acuerdo a los partidos políticos de Guerrero, en los últimos días cerca de 25 candidatos han renunciado a sus candidaturas por temor a su seguridad o a que ya como diputados o presidentes municipales tengan que pactar o ser amenazados por los narcos regionales.
Por su parte y con un corte de caja al 1 de junio pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero tiene registro de 440 renuncias a candidaturas.
No es un secreto que los municipios de Arcelia, Quechultenango, Apaxtla, Chilapa y Eduardo Neri son territorios controlados por el crimen organizado, en el que el común denominador para la población es el cobro de piso y en donde las autoridades locales han sido rebasadas.
Es urgente que las autoridades electorales informen antes de la jornada cuántos puestos de elección popular no serán votados por falta de candidatos, en qué regiones prevén mayor violencia y qué acciones tomarán. Faltan dos semanas para los comicios, y es necesario dejar certezas en la población.
En otros procesos
En los próximos días se reunirá el Comité de Atención Integral del Conasida para actualizar sus guías de pacientes con VIH. Se espera también la incorporación de fármacos que permitirán considerables recursos al gobierno. Por cierto, dichos medicamentos fueron ya incluidos en el cuadro básico por el Consejo de Salubridad General, máximo órgano de salud en México.
Pero hay un dato importante que no puede escapar, ya que es necesario y es de esperarse que el Conasida no repita el padrón de conducta asumido por Carlos Rello, director de Birmex, quien, en anteriores licitaciones, en abril pasado, canceló claves de fabricantes nacionales para favorecer a empresas extranjeras establecidas principalmente en la India, quitando la oportunidad de competir a laboratorios nacionales que generan empleo y derrama económica en el país.
Sobre este proceso hay muchas dudas; por ejemplo, se habla de un presupuesto para comprar antirretrovirales por dos mil 700 millones de pesos, varios estados se quejan de la falta de medicamento e incluso refieren desabasto.
Es de resaltar que de este presupuesto, dos mil 200 millones se destinan para adquirir los medicamentos directamente a laboratorios internacionales que tienen la patente, dejando fuera a competidores mexicanos. Esto quiere decir o pareciera que, de los 500 millones restantes para genéricos, se compran a Birmex 250 millones y solamente adquieren 250 a la industria nacional. Pero los motivos no los han explicado.
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