Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, aseguraron que la justicia abierta no puede concebirse sin un desarrollo pleno de las tecnologías de la información.
Al participar en la presentación del libro “Justicia Abierta, educación jurídica y derechos humanos”, coincidieron en que cuando se adoptan mecanismos como la justicia abierta, lo que se busca promover en el fondo es una cultura de legalidad para que la ciudadanía se comporte de manera correcta.
Los magistrados de la Sala Superior subrayaron que la justicia abierta implica la realización de acciones que traen múltiples beneficios sociales, especialmente para todo el orden jurídico, el cual requiere y se basa en la credibilidad y legitimidad del derecho frente a la sociedad.
Felipe de la Mata Pizaña dijo que la impartición de justicia debe ser uno de los puntos más claros de la actividad institucional y, particularmente, la justicia electoral tiene ese deber con la ciudadanía, ya que se traduce en la forma de regir a quienes desarrollarán cargos públicos.
Durante su participación, sostuvo que hoy la justicia abierta no puede concebirse sin un desarrollo pleno de las tecnologías de la información, aprovechando la finalidad concreta de cada una de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin, entre otras.
Lo anterior, toda vez que cada una de ellas cumple un objetivo comunicativo, sobre todo porque la idea es que la sociedad en su conjunto esté enterada lo más posible de la existencia y funcionamiento del Tribunal Electoral.
“Debemos construir un interés en la formación de una cultura democrática, porque una de las principales finalidades de generar una justicia abierta es, por supuesto, fortalecer la autonomía e independencia judicial”, expuso.
Ello, apuntó De la Mata Pizaña, porque “cuanto más conoce la sociedad la forma como actúa un tribunal, más se fortalece su perspectiva de neutralidad”.
En su turno, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la justicia abierta son acciones que traen consigo múltiples beneficios sociales, no sólo para las instituciones que aplican en derecho, sino especialmente para todo el orden jurídico.
“La apertura de los tribunales en los términos planteados busca que la sociedad entienda mejor la labor que realizan los órganos jurisdiccionales y pretende abonar a que se acepten las resoluciones que emiten los tribunales, independientemente de cuál sea el resultado”, comentó.
El magistrado afirmó que cuando se adoptan mecanismos, como la justicia abierta, lo que se debe promover es una cultura de legalidad, para que, en general, toda la ciudadanía se comporte de manera correcta o de la manera socialmente deseable y, en el contexto actual.
Para ello, destacó, se deben tomar en cuenta los avances recientes de la tecnología y todos estos procesos de nuevas comunicaciones que hoy en día transforman, sin duda, la relación entre las instituciones y la sociedad, entre lo público y lo privado.
En su turno, la investigadora de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Siena, Irene Spigno, indicó que la justicia abierta no debe ser vista como una manera por medio de la cual los jueces se legitiman, ya que esa legitimación “la deben obtener a través de sus fallos”.
fahl