Las expectativas y los pronósticos se centran en los resultados que tendrán los comicios del próximo 1 de julio, pero ante la oleada de atentados mortales y amenazas contra candidatos a puestos de elección popular, así como amagos a los funcionarios públicos salientes, hay que preguntarse qué es lo que debemos esperar durante y después de la llamada “fiesta democrática”.

En un México en donde el crimen organizado ha hecho sonar su mortífera voz contra Fuerzas Armadas y candidatos, es indispensable analizar y establecer las estrategias para evitar que los delincuentes tomen como rehén a nuestra democracia.

Según el Quinto informe de violencia política en México, elaborado por la consultora Etellekt, un total de 113 políticos han sido asesinados durante la actual campaña electoral, de los cuales 43 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, mientras que en este mismo periodo han sido asesinados 50 familiares de actores políticos.

El creciente número de homicidios es alarmante, pero cuando éstos se dan en un contexto electoral, nuestro mayor temor debería ser cuántos y cuáles gobernantes serán impuestos bajo amenazas y balas.

En una plática organizada por el Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, con organismos civiles que estarán presentes el 1 de julio como observadores electorales, se destacó el cambio que se ha registrado en los orígenes y motivos de la violencia política en el país, es decir, hasta hace unos años la violencia encontraba su detonante en las diferencias políticas de los integrantes de distintas corrientes. Sin embargo, y para nuestra desgracia, en el actual proceso electoral se debe a pugnas por el control de territorios que sirven a los intereses criminales.

De ahí que la pregunta obligada es: ¿qué protocolo estarán llevando a cabo las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Gobernación y el mismo INE para evitar que el crimen organizado inhiba o manipule el voto en algunas regiones?

En el futuro más cercano se deben empezar a establecer nuevos controles para evitar que los ganadores de las contiendas no estén ligados con células criminales o hayan sido impuestos por las mismas. Además, el INE debería reconocer que en algunas localidades la democracia se encuentra infectada por el virus del crimen, un patógeno que enferma la competitividad entre candidatos, al eliminar a los que le son incómodos u obligarlos a que se retiren. 

Desde su margen de responsabilidad, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció que las fuerzas federales brindarán protección a los contendientes a puestos de elección popular, sin importar que lo hayan solicitado o no. 

Hasta el momento, 209 candidatos presentaron solicitudes de protección a las autoridades, cifra que pudo haber aumentado en los últimos días, y que no contempla a los que contienden por la Presidencia, y a los cuales Navarrete Prida señaló que se haría mayor énfasis en su resguardo.

Pero ante el constante desafío de los criminales a las autoridades, a la democracia y al Estado, el anuncio llega a 15 días de la jornada electoral.