WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy un patrón desmedido del uso de fuerza letal a manos del gobierno de Nicaragua para reprimir y suprimir las manifestaciones que ha dejado al menos 212 personas muertas desde abril pasado.
“La magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público, y reprimir los reclamos sociales”, dijo aquí la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.
Al presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre la situación en esa nación en el marco de la crisis política y social que vive, la funcionaria consideró que no existen justificación para al desmedido uso de la fuerza letal
Urrejola, quién fue parte de la delegación de la CIDH que visitó Nicaragua el mes pasado, anunció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) quedará instalado el próximo 3 de julio, y que los nombres de sus integrantes se darán a conocer un día antes, en Nicaragua.
Además de las 212 víctimas fatales reportadas hasta el 6 de junio, donde se incluyen un periodista así como policías y simpatizantes del gobierno, el informe dijo cuenta de 1,337 heridos y 507 privadas de la libertad, algunos de lo cuales, dijo, fueron sometidos a castigos que equivalen a tortura.
Sobre la operación de grupos paramilitares, el informe apuntó que que muchos casos estos actúan en coordinación con la policía nacional, o bajo instrucciones de algunas autoridades locales.
De igual dió cuenta de dificultades para que las personas heridas tengan acceso a atención médica, y que en algunos casos se evitó la salida de ambulancias e incluso unidades de bomberos para atender siniestros.
Igual reportó la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias, haciendo notar que la gran mayoría de los 507 arrestados son jóvenes y adolescentes.
Urrejola destacó la necesidad de que el gobierno nicaragüense, brinde protección a defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de victimas y testigos, quienes dijo “se encuentran en situación de grave riesgo”.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que la respuesta a la crisis debe ser pronta y de carácter política, insistiendo en este sentido en la necesidad de adelantas la celebración de elecciones presidenciales, a la vez que llamó al gobierno al cese de la represión”.
“Los responsables de las muertes y demás agresiones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua, deberán comparecer ante la justicia y pagar or sus crímenes. No puede haber otra opción”.
Insistió que la solución a la crisis política y social en Nicaragua es urgente, y que esta deberá ser institucional, conforme al estado de derechos, advirtiendo que cualquier otro camino “constituye una irresponsabilidad política y humana que sólo serviría para generar víctimas, muertes y dolor”.
DPC