A mediados del próximo mes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, deberá informar sobre los avances en las investigaciones que inició sobre el uso de una presunta empresa fantasma a la que el gobierno capitalino pagó 406 millones de pesos por tan sólo ocho días de trabajo.

Pero parece que las cosas no las tendrá tan fáciles, ya que el viernes pasado diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas reportaron que el sistema electrónico de dicha dependencia se había caído y, por lo tanto, era imposible hacer verificación de expedientes, de recursos recuperados y de movimientos hechos los últimos tres meses.

Incluso revelaron que los expedientes involucrados con las empresas que han asesorado al gobierno de la ciudad en la recuperación de recursos financieros ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban resguardados y no precisamente por la Contraloría capitalina, que será la encargada de la investigación.

La semana pasada se dio a conocer que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX adjudicó de manera directa un contrato a una empresa presuntamente fantasma para que en una semana asesorara y recuperara de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mil 750 millones de pesos del monto que el Gobierno le había retenido a sus trabajadores durante el ejercicio fiscal de 2017.

Para ese trabajo que por ley están obligadas a realizar las dependencias públicas, la empresa JJ Accounting & Legal Matters spilo utilizó a 28 personas, según el contrato, y en ocho días realizó el trabajo, pero a diferencia de muchos proveedores de gobierno logró que se le pagara tres días después de “acabar” lo pactado e, incluso, semanas antes de que Hacienda regresara los recursos a las arcas de la CDMX.

Lo curioso de este contrato es que se firma a menos de un mes de que fuera nombrada Julieta González como secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. Ella asegura que con dicha adjudicación directa nada tuvo que ver, pues el día que se aprobó ella no estaba presente en el subcomité.

Lo curioso es que nadie le hubiese informado de esta adjudicación directa y que meses después no tuviera conocimiento de lo ocurrido el 18 de mayo. Funcionarios de la Ciudad de México detallan que éste no es el único contrato con características similares, pues existen otros que fueron autorizados por Edgar Amador, anterior secretario de Finanzas y que dejó su cargo en abril para incorporarse como asesor del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. 

La pregunta que muchos se hacen al interior del gobierno de la ciudad es: ¿cómo se podrá hacer una investigación real, si el asesor del jefe de Gobierno ahora opera desde esa oficina?

Hay que recordar que José Ramón Amieva solicitó que se constituya un informe en torno a la contratación no sólo de esta empresa fantasma, sino para que se investigara la forma en que se venía haciendo el año pasado la contratación de este tipo de despachos.

Para un debido proceso y óptimo resultado de esta investigación e incluso para deslindar responsabilidades de cualquier funcionario, sería bueno que garantizara la independencia en las investigaciones y -como en muchos países- que algunos funcionarios involucrados fuesen separados de sus cargos, al menos, por el tiempo que dura la investigación.

Twitter: @osdtagle