En plena temporada electoral, los capitalinos seguimos viendo por todos lados una CDMX plagada de anuncios instalados en las azoteas de las edificaciones, esto a pesar de estar prohibido por la Ley de Reconstrucción. Ante esto existen empresarios que me cuentan que muchos anuncios allí instalados y que tienen un código QR son legales, pero están en una etapa transitoria por la Ley de Publicidad Exterior. Sin embargo, la Seduvi, de Felipe de Jesús Gutiérrez, es la responsable de no haberlos reubicado o autorizado su cambio a formatos permitidos, pues la industria lo ha solicitado.


Adicionalmente comentan que la Ley de Reconstrucción, apenas aprobada el año pasado, es muy clara en que la Seduvi y el Consejo de Publicidad Exterior deben de ponerse de acuerdo con la industria para cambiar todos los anuncios de azotea a formatos permitidos, pero la autoridad ha sido omisa, ya que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Seduvi, de Isidoro Rendón, es la responsable de llevar a cabo tales acciones, pero, a decir de los empresarios, no autoriza cambios ni de ubicación ni de formato. Esto va directamente relacionado con las facultades otorgadas en la Ley de Publicidad Exterior, que son muy claras. No obstante, es a través de acuerdos en el Consejo de Publicidad Exterior como la Seduvi ha pretendido solucionar el problema y no por medio de las mesas de trabajo con las empresas.


Pero lo que más llama la atención de las empresas que tienen registrados sus anuncios en el polémico padrón oficial es la declaración que hizo el director general del Invea, José Luis Valle Cosío, quien dijo que ya “no existe ningún anuncio ilegal en las azoteas de la Ciudad de México”, esto de acuerdo al audio del Consejo de dicha sesión. No obstante, los empresarios refieren que hay cientos de anuncios en azoteas que no han sido retirados por el Invea, a pesar de que no cuentan con registro en el padrón ni código QR y placa de identificación, por lo que son tolerados, lo que levanta sospechas de corrupción.

Crisis en Reynosa
El municipio de Reynosa, en Tamaulipas, se encuentra en una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad y de servicios urbanos.

De acuerdo a la revisión de la cuenta pública, la ciudad fronteriza tiene una deuda que rebasa los 148 millones de pesos debido a un préstamo que fue solicitado a Banorte en 2016.

El informe reporta también que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se encuentra en situación de quiebra, lo que derivó en un grave problema en el sistema de drenaje que, en esta temporada de lluvias, ocasionó fugas de aguas negras que se convirtieron en un potencial problema de salud.

Los gastos más importantes reportados en la administración pasada de la panista Maki Ortiz se registran en el área de Comunicación, en eventos y conciertos, patrullas con un valor superior a los 800 mil pesos y un dron que costó el triple de su precio en el mercado.

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