Sabemos que el actual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ganador con Morena, tiene una filosofía de una mayor participación del Estado como agente económico.

Entre 1940 y 1964, a través de varias administraciones, el gobierno pretendió sustituir los artículos manufacturados en el extranjero por artículos de la misma calidad fabricados en la industria nacional. En su momento, se buscó desarrollar la planta productiva en el norte del país, pero su beneficio fue parcial.

Entre 1956 y 1976 se buscó el Desarrollo Estabilizador como milagro mexicano. Hubo una intervención del Gobierno mexicano como agente económico, con políticas proteccionistas y fuertes subsidios, por ejemplo, al campo y a la industria. Se otorgaron créditos al sector privado, se impulsó fuerte la producción de bienes intermedios y se fomentó la producción de bienes de capital.

Uno de los problemas fue que el campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. La productividad se cayó fuerte y el Estado rompió equilibrios fiscales con aumento en el gasto y un estancamiento en los ingresos. Se generó una presión inflacionaria que derivó en una fuerte devaluación de nuestra moneda.

Desde 1982 y hasta este 2018 se ha tenido el modelo neoliberal, en donde se pretende mantener una estabilidad macroeconómica, misma que se dio en forma a partir de 2000 a la fecha. Se propuso adecuar al Estado como un agente de impulso y facilitador para que junto con el sector privado abrieran mercados aumentando la presencia de México en el mundo a través de muchos tratados comerciales en el que destaca sin duda el TLCAN, mismo que se encuentra en revisión actualmente.

Se ha pretendido reducir el gasto público, combatir a la inflación, mantener la estabilidad financiera y contribuir al ahorro interno. Sin embargo, no ha logrado reducir la brecha entre ricos y pobres.

También, el problema que se ha suscitado en este modelo es la falta de transparencia y la impunidad para responsabilizar a quien se aproveche de su posición de decisión y negociación, lo que reduce el manejo exitoso de dicho modelo.

Ahora, le tocará el turno a la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que el Estado tendrá una mayor participación. Tanto las calificadoras crediticias como los inversionistas estarán esperando a evaluar si mantiene un mercado abierto, revisar su política fiscal que será el gran termómetro de los mercados, su relación con el Congreso que -como está quedando- tendrá mayoría simple.

Hoy hay una gran oportunidad de cambio. Pero deseamos que sea un cambio responsable que logre reducir esa brecha de clases sociales, pero que promueva un mercado abierto, competitivo, productivo que reactive sectores internos que están rezagados, que incremente la inversión pública productiva y que dé al gasto público un uso más eficiente.

Respetar la plena autonomía del Banco de México (Banxico), la libre fluctuación del peso mexicano y la estabilidad macroeconómica serán los puntos relevantes a seguir por parte de inversionistas y mercados.