Joaquín Morales Sánchez, ex presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Guerrero (Itaigro), fue asesinado a tiros la madrugada de ayer por un grupo de hombres armados en el municipio de Tlapa.
De acuerdo a información proporcionada por su esposa, ella y el ahora occiso estaban durmiendo en el interior de su casa, ubicada en el número 38 de la calle 5 de mayo, en aquella ciudad.
Indicó que varios hombres armados que vestían de negro y llevaban sus rostros cubiertos ingresaron a su vivienda; uno de ellos se dirigió a la recámara donde estaba su esposo y le disparó en varias ocasiones.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que personal del Ministerio Público acudió al domicilio de la víctima para iniciar las investigaciones del homicidio y realizar diversas diligencias.
Indicó que Sánchez, de 38 años, se desempeñaba como abogado y que falleció de manera inmediata al recibir varios disparos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza.
Testigos manifestaron que Sánchez aspiraba a participar en el proceso de selección del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad y que su esposa fue suplente de la candidata a diputada local por el PT, Luisa Ayala.
El Indicador de Violencia Política de Etellekt documentó, desde el 8 de septiembre de 2017 (cuando inició el proceso electoral) hasta el 30 de junio pasado, 627 agresiones en contra de políticos y candidatos en todo el país, con un saldo de 145 asesinatos (48 de ellos, candidatos y precandidatos).
La consultora señaló que la elección del 1 de julio fue una jornada histórica en lo que respecta al número de puestos de representación en juego, así como al gran número de alternancias generadas tanto a nivel federal, estatal y municipal, que modificarán la correlación de fuerzas y el futuro mapa político del país. “Sin embargo, la competencia electoral estuvo también marcada por niveles de violencia política sin precedentes desde el inicio de la transición de 1997”.