Dicen que un país no se reinventa cada seis años, pero por lo visto Andrés Manuel López Obrador sí lo quiere hacer.
No sólo por el diseño de sus políticas públicas, que de a poco vamos a conocer, sino por el rediseño o desaparición de las instituciones que ya adelantaron sus colaboradores.
Alfonso Durazo, quien será el encargado de la Seguridad Pública del país, adelantó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desaparecerá y será ocupado por otro organismo “que no se desvíe de sus propósitos’’.
Durazo acusó que el Cisen fue utilizado en esta administración con fines políticos “para beneficio personal, de grupo o partidista’’, lo que hace necesaria su desaparición y sustitución por un aparato de inteligencia distinto.
También adelantó que la Secretaría de Gobernación será ajustada, pues cuando la administración de Peña desapareció, la Secretaría de Seguridad Pública Federal para responsabilizar a la Segob de la seguridad, la dependencia “se volvió ingobernable’’.
Así que por lo menos, de adelanto, López Obrador prepara la resurrección de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que creó Fox, mantuvo Calderón y desapareció Peña Nieto.
Entre los planes del tabasqueño también figura la descentralización de las dependencias federales, entre ellas las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Social, que desde su perspectiva deberían estar más cerca de los campesinos y de los pobres.
A ello habrá que sumar la desaparición de las funciones del Estado Mayor Presidencial como las conocemos hoy y su incorporación al Ejército Mexicano, aunque no sabemos en qué términos y cuáles serían sus nuevas atribuciones.
La desaparición de instituciones y la descentralización de algunas secretarías generarán un conflicto laboral que, entendemos, desde ahora estarán analizando los encargados de la transición del nuevo Gobierno, el cual desde ahora refleja que tiene el control político.
Aunque para muchos fue una sorpresa el nombramiento aparentemente intempestivo de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, el movimiento se había pactado incluso antes de las elecciones.
Estaba visto que si Héctor Vasconcelos entraba al Senado por la lista plurinominal, dejaría de ser el candidato a la Cancillería.
El único personaje cercano a López Obrador que no tenía una posición definida desde la campaña era Ebrard, a quien incluso algunos veían como secretario de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quizá después del primer año de gobierno.
Ahora el nombramiento como canciller mexicano del ex jefe de Gobierno depende de la ratificación de un Senado totalmente pintado de guinda.
Así que si lo ve por la calle, ya le puede decir señor secretario.
Si el Consejo General del INE ratifica la multa de 197 millones de pesos a Morena por haber creado un fideicomiso supuestamente para beneficiar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, cuyos recursos terminaron en las campañas, el partido ganador no será distinto a los que criticó y acusó de tramposos.
La multa está aprobada por la Comisión de Quejas del INE; la deberá aprobar el pleno, y López Obrador ya adelantó que la impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que ya le ha bateado varias sanciones al INE
Así que está por verse qué tan limpio compitieron los candidatos de Morena y, lo más importante, si no es que jugaron con los donantes de buena voluntad y con los damnificados.
Porque es la hora que ningún presunto beneficiario de tal fideicomiso ha salido a decir “a mí sí me ayudaron’’.