Foto: Cuartoscuro El PES desaparecerá en 24 entidades  

Los siete partidos nacionales que se quedaron sin registro en varias entidades del país, luego de la jornada electoral del 1 de julio, perderán al menos 424.3 millones de pesos en financiamiento público.

 

De acuerdo con una revisión de 24 HORAS, el más afectado será el Partido Encuentro Social (PES), que perdió el registro en 24 de las 30 entidades con comicios. Por tanto, ya no recibirá prerrogativas por 116.2 millones de pesos.

 

Esa cantidad se suma a los 398.3 millones de pesos que Encuentro Social perderá de financiamiento federal, porque no alcanzó la votación mínima para conservarse como partido político nacional.

 

Nueva Alianza (NA) dejará de existir como partido local en 16 estados, lo que implicará una pérdida de 111.8 millones de pesos.
En el ámbito federal, donde NA tampoco logró el umbral de sufragios mínimos, se quedará sin 419 millones de pesos.

 

Otra de las fuerza políticas más afectadas será Movimiento Ciudadano (MC), debido a que seguirá con presencia como partido político nacional, pero estará sin registro en 18 entidades, lo que mermará su entrada de financiamiento local en 91 millones de pesos.

 

En la misma circunstancia se encuentra el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que dejó de tener presencia en 10 entidades, por tanto, perderá 50.8 millones de pesos de prerrogativas en esos lugares.

 

A su vez, seis estados donde no logró la votación mínima dejarán de suministrar recursos públicos por 40 millones de pesos anuales al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

 

El Partido del Trabajo (PT), que fue parte de la coalición ganadora de las elecciones presidenciales, no consiguió el margen de votación para  mantenerse en cuatro estados, lo que lo dejará sin 6.5 millones de pesos.

 

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se perfila para perder el registro en Tabasco, donde le suministraban 6.5 millones de pesos anuales como financiamiento.

 

Los partidos que perdieron sus registros conservarán los cargos públicos ganados por el principio de mayoría relativa y todavía tienen la opción de impugnar su desaparición ante los tribunales electorales.

 

En caso de confirmarse la pérdida de registro, los institutos locales de elecciones confiscarán los bienes del partido que se trate y declararán su liquidación.