La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de crear una figura de 32 Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo será “el primer choque de trenes con los gobernadores, al pretender vulnerar las facultades constitucionales, las atribuciones que tiene cada uno de los estados, sus gobernantes y sus congresos estatales”, señaló Julio Jiménez Martínez, catedrático e investigador de la Facultad de Derecho de La Universidad La Salle.
En una entrevista para 24 HORAS, el también consultor parlamentario del Senado de la República afirmó que, de origen, la propuesta tiene buenas intenciones, ya que busca acabar con la corrupción en los estados.
“Pero en la práctica habrá que valorar los fundamentos constitucionales, valorar la implementación administrativas y logísticas de crear estos 32 comités para evaluar y bajo que escenarios, atribuciones y responsabilidades podrían incurrir estos miembros de estos comités”.
“Donde quedan las facultades del Artículo 73 Constitucional de la Cámara de Diputados, en relación con la aprobación de ingresos y egresos, que va a pasar con las facultades de cada uno de los Congresos de los estados, con la autorización para disponer de cantidades para productos productivos que tenía hoy en día cada estado, va a vulnerar la soberanía de las entidades, va a violentar nuestra Constitución”.
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