Debido a la manera como se redactó la Constitución local, las nuevas autoridades deberán realizar, con fondos públicos, proyectos que eran ideales para asociaciones público privadas, aseguró Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
Durante una exposición de la situación que guarda ese sector ante miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reveló que tuvieron que devolver, entre 2016 y 2017, casi cuatro mil millones de pesos que habían conseguido para financiar tres proyectos que resolvían “buena parte” de los conflictos de la capital en materia de agua.
Esos recursos, abundó, provenían del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que se habían logrado obtener a fondo perdido, y representaban 40% del valor de esos planes: uno de potabilización, otro de telemetría y uno más para reparación de fugas.
“La nueva Constitución se realizó bajo términos en los que, o no sabían, o no les interesó, o no alcanzaron a ver lo que se estaba legislando, y la realidad es que sí afectó porque estuvimos preparando un camino durante muchos años que ya no pudimos continuar”.
Desde la administración de Marcel Ebrard, recordó, se comenzó a trabajar para licitar plantas potabilizadoras, que significaba sacar agua que no era potable de un pozo, limpiarla y llevarla una zona que tenía un servicio muy malo.
“Otro proyecto, el de telemetría; íbamos a hacer un contrato con una empresa para que nos diera el servicio de información en tiempo real, es decir, tú me permites tener la información y te pago el servicio de tener el dato en mi oficina”, detalló el funcionario.
El que consideró el más importante fue el de reparación de fugas, ese medía cuánta agua se perdía en una delegación, se le indicaba a la empresa contratada que era necesario un servicio de 24 horas al día, siete días a la semana, con suficiente presión, y que el agua perdida no rebasara determinada cantidad, si no cumplía, no se le pagaba.
fahl