La denominada “Operación Limpieza” que ejecuta el Gobierno de Nicaragua para remover los obstáculos en calles y carreteras, instalados por opositores, dejó hoy diez nuevas víctimas, mientras que la CIDH pidió al Estado garantizar la vida de la población.
Cinco ciudades del Pacífico nicaragüense fueron escenarios de lo que los detractores al Gobierno han bautizado como “Operación Limpieza”, que consiste en una ofensiva ejecutada por las llamadas “fuerzas combinadas”, integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, junto a trabajadores del Estado, para remover bloqueos de caminos y barricadas.
En el barrio Camilo Ortega, de la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron seis víctimas, cuatro de ellos policías antimotines, dijo a Efe el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.
La Policía Nacional aún no ha confirmado el fallecimiento de cuatro de sus agentes.
En Diriá, municipio del departamento de Granada, las llamadas “fuerzas combinadas” sacaron por la fuerza de sus casas a Almer Morales y Allan Morales (padre e hijo) y los ejecutaron, continuó el activista.
Mientras, otras dos personas murieron en el municipio de Catarina (Masaya), incluida una niña de 10 años que recibió un disparo y falleció luego por falta de atención médica, agregó.
Leiva dijo que además registran “múltiples” heridos, sin precisar, y once paramilitares que se encuentran retenidos por la población civil.
Asimismo, el activista denunció que la Policía y los parapolicías tomaron a la fuerza el centro hospitalario departamental Masaya y negaron la atención a las víctimas.
Además, que mantuvieron sitiado Masaya, por lo que no existió un “canal humanitario de evacuación” para trasladar a los heridos a Managua, que está a 28 kilómetro de distancia.
Leiva también denunció que las “fuerzas combinadas”, después de “neutralizar” por la fuerza de las armas a los manifestantes de las barricadas, realizaron un plan de “cacería” casa por casa en busca de opositores para su detención.
Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tenía previsto visitar Masaya, suspendió su viaje por razones de seguridad, dijo a Efe uno de sus portavoces.
Un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que se les prohibió el paso en el municipio de Nindirí, que se encuentra entre Managua y Masaya.
En Nindirí, donde se apostaron policías y parapoliciales, un grupo de fanáticos sandinistas atacó el vehículo en el que viajaba el obispo Abelardo Mata, confirmó el cardenal Leopoldo Brenes.
A la camioneta, en la que viajaba Mata con su conductor, que salieron ilesos, le rompieron los vidrios delanteros y traseros, y le pincharon las llantas, dijo el magistrado de apelaciones en el departamento (provincia) de Estelí, Roberto Petray, allegado al obispo Mata.
Mata es uno de los mediadores y testigos por parte de la Conferencia Episcopal en el diálogo nacional entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la que esperan superar la crisis sociopolítica que sufre este país y que ha dejado al menos 351 muertos desde hace tres meses.
Mientras, centenares de vehículos que salieron de Managua para auxiliar a los habitantes de Masaya, centro neurálgico de las protestas contra el Gobierno y que amaneció sitiada por fuerzas policiales y paramilitares, regresaron antes de llegar al lugar por cautela.
Los estudiantes y “autoconvocados” se organizaron en Managua nada más conocerse a primera hora del día que Monimbó, el barrio indígena de Masaya, estaba asolado por los combates, para recorrer los 28 kilómetros que separan las dos ciudades y de ese modo mostrar apoyo y auxilio.
Sin embargo, antes de la llegada de la caravana un grupo de policías y parapolicías fuertemente armados y en total coordinación bloqueaban las entradas a Masaya, según pudo constatar Efe.
Nadie podía cruzar sus retenes, ni periodistas -“por su propia seguridad”- ni ciudadanos o delegaciones eclesiásticas.
La caravana consiguió recorrer 21 de los cerca de 28 kilómetros que separan Masaya de Managua, pero allí, ante la cercanía de las barricadas policiales y parapoliciales en conjunto, optaron por detenerse y retornar, tras un fuerte debate entre si seguían o no.
En tanto, la CIDH pidió al Estado de Nicaragua garantizar la vida de su población.
“El Estado parece ignorar el diálogo. #Nicaragua debe garantizar la vida de las personas y respetar el debido proceso legal”, indicó Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, en un mensaje a través de Twitter.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
aarl