Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos (https://bit.ly/2BntHGP), para 2050, 150 millones de personas vivirán en México, y el 18 % de estas serán consideradas “adultos mayores” (respetando el criterio de medición del CONAPO), ya que tendrán 60 años o más (en 2017, según INEGI, este porcentaje fue de 10.5 %). Por ello, es fundamental garantizar recursos desde hoy para el esquema social integral que verá por estos mexicanos; es decir, uno estructurado para afrontar el decaimiento generalizado de su salud, que considere un sistema de asilos públicos más robusto para combatir el abandono (y sus implicaciones, como la desnutrición) que hoy sufren muchos adultos mayores, así como un aumento sostenido en la cobertura pensionaria contributiva (la que no se financia vía recursos tributarios generales) que permita al país estabilidad financiera pero también una vejez digna a sus adultos mayores. Todo esto va a requerir bastante en términos fiscales, operativos, legales, y también de un buen grado de continuidad administrativa en lo federal.
La misma dependencia estadounidense sostiene que, para 2050, el 63.9 % de los mexicanos se encontrarán entre los 15 y los 64 años (estrato de mayor actividad económica). Pero emplear a la mayoría de estos individuos será un reto gigante de cara a la automatización del empleo que se prefigura en México. Según un reporte del McKinsey Global Institute publicado en 2017 (https://mck.co/2yeqkAJ y https://tabsoft.co/2oFx3wT), el 52 % de la fuerza laboral actual a nivel nacional (unos 25 millones de empleos) es altamente sustituible con tecnología ya existente. A nivel mundial, los cuatro sectores más vulnerables a esta son los dedicados a la agricultura, pesca, silvicultura y caza; los enfocados a la manufactura; el comercio minorista, y la industria de la construcción. Las consecuencias del desempleo no solo preocupan desde lo económico sino desde lo social; la no actividad económica se asocia a diversas conductas antisociales que, para ese momento, pudieran generar mayor tensión social. En el caso de que el mercado no genere los empleos necesarios debido a la poca conveniencia económica, ¿el Estado mexicano, y los demás, deberán propiciar ciertos empleos no necesariamente productivos solo para mantener a una parte ocupada? Si bien habrá beneficios progresivos inherentes a la automatización (McKinsey dice: “A nivel macroeconómico (…) estimamos que la automatización podría aumentar (…) la productividad a nivel mundial de un 0.8 hasta 1.4 % anualmente”), no toda la discusión debe ser en torno a mayor productividad y menos tiempos muertos.
Me atrevo a decir que la sola viabilidad de nuestro modelo nacional descansa en una pregunta que podría surgir en uno de los escenarios posibles de alta automatización y desempleo masivo: ¿qué vamos a hacer con tanta gente sin nada que hacer? Asimismo, otro punto relacionado: precisamente por el envejecimiento de la población mexicana, los contados segmentos del mercado laboral nacional que para el 2050 no hayan sido atomizados por la automatización, se verán en la necesidad de renovar su fuerza de trabajo. Aquí podemos proyectar por lo menos dos vías: el sistema educativo en México sí genera los empleados específicos que convivirán con la automatización (según McKinsey, aquellos con “capacidades inherentes a los humanos que a las máquinas les cuesta mucho trabajo emular: el pensamiento lógico, la solución de problemas, las competencias sociales-emocionales, aportar pericia, dar entrenamiento, desarrollar a otros y la creatividad”, así como los relativos a la automatización misma, como personal de reparación y desarrollo de nuevas máquinas), o el sistema no los genera de manera periódica y tendremos que recurrir, en parte, a fuerza laboral de otros países vía esquemas de atracción de inmigrantes más jóvenes y con dichas pericias (con todo y las tensiones sociales, raciales y/o étnicas que suele traer consigo la inmigración). En estos frentes, México está literalmente en una carrera contra el tiempo para adaptar su modelo de cuidados sociales (uno que vele por la dignidad) y de desarrollo productivo (uno que busque la cohabitación social sostenible en un entorno de tensión por desempleo potencialmente masivo); nuestra democracia misma depende de ello.
@AlonsoTamez