La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) mantiene todas las líneas de investigación abiertas sobre el derrumbe de una parte de la Plaza Comercial Artz, entre ellas, se indaga al director responsable de obra (DRO), José Alfonso Pérez Cortés.
En tanto, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, informó que ante los recientes acontecimientos que involucran a plazas comerciales, su administración instalará un grupo de trabajo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), a efecto de revisar el cumplimiento de medidas en protección civil.
Tras la entrega de cheques PROFAIS y Coinversión Social, en el Monumento a la Revolución, el mandatario señaló que los trabajos servirán para generar un esquema de los impactos en torno a los servicios que ofrecen esos centros, para garantizar que cumplan con sus funciones, con el menor impacto negativo.
“Una plaza comercial cumple con el rubro de servicios, son servicios que se prestan a la ciudadanía, pues que se vayan cumpliendo de mejor manera y, sobre todo, con un órgano. Incluso, podríamos, además de este órgano que sería este grupo, generar hasta un chat entre la ANTAD y los diversos secretarios para atender situaciones que se puedan dar”, afirmó.
La coordinación del Gobierno de la Ciudad de México con las plazas, involucrará visitas a las mismas, con la finalidad de constituir los protocolos de actuación conjunta. Otro de los aspectos a tratar, dijo, será el impacto vial en alrededores con el objetivo de buscar soluciones.
Detalló que se buscará a la ANTAD, a través del área de relaciones con la Secretaría de Gobierno y, probablemente, este martes 17 de julio se publique la integración del grupo de trabajo en la Gaceta Oficial.
El jueves pasado colapsó una parte de la estructura de la Plaza Comercial Artz Pedregal, ubicada en la delegación Álvaro Obregón.
Al respecto, el fiscal desconcentrado de Investigación de la demarcación, José Antonio Escobar Plata, informó que de encontrarse culpables por negligencia, podrían alcanzar una penalidad de hasta seis años.
En la zona del derrumbe, trabajadores continúan con la remoción de escombros para evitar riesgos, y peritos están revisando planos y documentos relacionados con la obra.
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