En la busca de mejorar el desempeño íntegro y transparente en las contrataciones públicas junto con la nueva administración gubernamental, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, anunció que buscarán estar presentes dentro de las licitaciones gubernamentales que superen los mil millones de pesos.
Aseguró que actualmente, la mayoría de estas competencias que deberían de ser públicas usan métodos de excepción a la licitaciones mediante justificaciones ambiguas o subjetivas, lo que provoca que estas no sean transparentes.
Palacios destacó que el monto de recursos involucrados en las contrataciones gubernamentales en 2017 fue de 585 mil millones de pesos, lo que puede ser considerado como un incentivo para que el diseño de las participaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores de servicio.
Esto podría unirse a las propuestas del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cara al combate a la corrupción que planea realizar a lo largo de su administración, en la cual tiene planeado ahorrar cerca de 500 mil millones de pesos anuales. Así mismo, coincide con la propuesta de transparencia de tabasqueño, para que toda la ciudadanía sepa en qué se gasta el dinero nacional.
En este sentido, la presidenta de la Cofece, puntualizó que en caso de combatir los sobreprecios en las licitaciones públicas y permitir que un mayor número de empresas puedan entras a competir por diferentes proyectos de índole estatario en donde todos participen, la nueva administración podría ahorrar cerca de 30% anuales del costo de contratos.
Y para que esto sea posible, presentarán en los próximos días al virtual presidente electo la Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas, la cual plantea seis acciones principales como la emisión de un decreto presidencial que obligue la participación de la Cofece en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia.
También crear un mercado virtual y obligar a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de este servicio. En tercer punto destaca que piden obligar a las dependencias a requerir a los licitantes que declaren cuando planean subcontratar a quien y porque.
Buscarán incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios, es decir, plazos, montos y cantidades, asó como transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y contratos y evitar la discrecionalidad de las mismas.
Por último propondrán aplicar la inhabilitación, que ya está prevista en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, a los agentes económicos sancionados por colusión, en términos de la Ley de Competencia, para participar en concursos públicos subsecuentes.
Impulsarán Ley General de Contratación Pública
Junto a las acciones presentadas en la Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas, la Comisión Federal de Competencia Económica informó que intentarán impulsar siete acciones que requieren de modificaciones legislativas, como la creación de una Ley General de Contratación Pública que se apegue a los estándares internacionales.
En conferencia de prensa, la presidenta de la comisión, Alejandra Palacios destacó que buscarán obligar a las dependencias a realizar investigaciones de mercado sólidas y transparentarlas. También se optara por acotar los supuestos para contratar por procedimientos diferentes a la licitación pública abierta.
Por otra parte se intentará eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y permitir la participación de otros licitantes interesados en los procedimientos restringidos.
Por último, destaca la restricción de la participación simultánea de empresas de un mismo grupo de interés económico para combatir la simulación de competencia, y la transformación del mecanismo de puntos o porcentajes a uno de evaluación en dos etapas.
LEGG