Por más de 70 años, el Estado Mayor se ha encargado de proteger al presidente de México; no obstante, el futuro mandatario, Andrés Manuel López Obrador, considera poner fin a este cuerpo de elite, formado principalmente por militares y que sólo rinde cuentas al jefe de Estado.
Después de ganar con una holgada ventaja las elecciones del 1 de julio (en las que acaparó más de 53 % de los sufragios), el virtual presidente electo confirmó que rechazaría la protección del Estado Mayor Presidencial, formado en la década de 1940.
“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, clamó el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien también afirmó que el Estado Mayor pasaría a integrarse en la Secretaría de la Defensa (Sedena) como parte de su Plan de Austeridad Republicana.
El Estado Mayor, órgano con un carácter técnico-militar, está conformado por 2 mil 21 personas, de las cuales 84 % son hombres.
De estos efectivos, mil 586 forman parte de las Fuerzas Armadas -82 % provenientes del Ejército, 9 % de la Armada y 9 % de la Fuerza Aérea-, 52 son policías federales y 383 son civiles, los cuales realizan básicamente funciones administrativas.
Además, cuentan con las tareas de apoyo de los más de 6 mil integrantes de Guardias Presidenciales del Ejercito y de la Armada.
Su máxima responsabilidad es cuidar las espaldas del presidente del país, pero también se encargan de la seguridad de su familia, de los secretarios de Estado y candidatos presidenciales, entre otras personas.
También son los responsables de coordinar la seguridad y logística de aquellas visitas que realicen jefes de Estado y de Gobierno extranjeros a México.
El experto en seguridad Erubiel Tirado dijo hoy a Efe que el Estado Mayor nació con el objetivo de que no se concretase un golpe de Estado en los tiempos posteriores a la Revolución Mexicana (1910-1920).
Pero con los años no solo no desapareció, sino que “adquirió otras funciones y, obviamente, deformaciones”, así como “claroscuros”, argumenta el coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Por ejemplo, señala Tirado, existe la teoría de que fueron miembros del Estado Mayor Presidencial los que dispararon contra el Ejército regular el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y así se inició la matanza estudiantil de Tlatelolco.
Asimismo, “se le han dado atribuciones de espionaje; alguien dirá ‘inteligencia política’, pero son de espionaje, lo que da otro cariz al desempeño” de este órgano, abunda el académico.
Los integrantes del Estado Mayor, en términos de mando, actualmente no responden ante la Sedena o ante las otras instituciones de las que proceden. Su presupuesto, además, sale de la partida destinada a Presidencia.
“Son legal, presupuestal y políticamente irresponsables; es decir, no le responden a nadie más que al presidente”, dice el catedrático.
El mayor fracaso del Estado Mayor Presidencial a lo largo de su historia fue el asesinato en marzo de 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue baleado tras un mitin en Tijuana.
Ahora, la cuestión de quién quedará al cargo de la seguridad presidencial si el Estado Mayor no está presente sigue siendo una incógnita, dado que López Obrador hasta el momento no ha ido más allá del argumento de que el pueblo lo protegerá.
Una actitud que se asemeja a la que tenía cuando ejerció como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), cuando nombró como encargadas de su seguridad a “Las Gacelas“, un grupo de mujeres con las que pudo seguir ofreciendo la imagen de cercanía que quería mostrar de cara a los ciudadanos.
Incluso el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice haber “insistido” durante sus charlas con López Obrador en la necesidad de que cuente con seguridad.
“Es una definición que él tomará en última instancia (…) pero creo que es algo importante”, refirió el mandatario.
DPC