Luego de la decisión del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito de exonerar a José Manuel Mireles, ex líder y fundador de las autodefensas de Michoacán, del delito de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, su defensa acudirá a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para denunciar al Gobierno federal.
Ignacio Mendoza, abogado de Mireles, dijo que la absolución de su cliente es la puerta para absolver a las autodefensas que están detenidas o que enfrentan un proceso. Explicó que la acción del Poder Judicial es el reconocimiento de que se violentó el marco legal del país.
“Les recuerdo que la absolución es un incidente sobre el seguimiento que presentó la defensa en octubre de 2015, en el cual alegamos que mi cliente y que ninguna de las autodefensas podía ser procesada porque tenían la autorización expresa del Gobierno mexicano para portar y usar esas armas, por eso estamos más que contentos”, destacó el litigante en una entrevista con 24 HORAS.
Abundó que el Gobierno debe resarcir el daño a los detenidos, y adelantó que demandarán a funcionarios y ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como a legisladores, que aceptaron que los integrantes de este grupo fueran señalados como delincuentes. Además, interpondrán una denuncia de hechos ante la Corte Penal de la Haya, en Holanda, en contra del Estado Mexicano.
“Es por los delitos de lesa humanidad (el motivo de la demanda) que generó la estúpida decisión de aceptar que las autodefensas regularizaran armamento de uso exclusivo del Ejército; ése es el nivel de la decisión”.
De acuerdo con Mendoza, se buscará el acompañamiento del nuevo gobierno de la República en pro del proceso de pacificación nacional que promueve. “El Estado no puede volver a tomar decisiones tan idiotas como lo hicieron en Michoacán; violentaron los derechos humanos y el marco legal”.
Adelantó que planea denunciar penalmente al ex comisionado Alfredo Castillo, al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Presidente Enrique Peña Nieto, por brindar permiso de uso de armas.
“¿Quién le dijo a Castillo que podían –las autodefensas- registrar ocho mil armas de fuego del uso exclusivo del ejército? Eso no se puede en México, nadie tiene esta facultad o poder; pusieron en riesgo la seguridad pública del país”, expuso.
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