El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma para establecer que al menos 3% de las plazas en las dependencias de los tres órdenes de Gobierno se destinen a personas con alguna discapacidad.
Establece que los patrones que contraten a este sector de la población o a adultos mayores, “podrán deducir de sus ingresos el 100% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores”.
Propone sanciones de uno a tres años de cárcel o de 150 a 300 días de acciones en favor de la comunidad, y hasta 200 días multa a quien atente contra la dignidad, anule o menoscabe los derechos y libertades de dicho sector de la población.
En la propuesta se aclara que las disposiciones no serán aplicables en las Secretarías de la Defensa y la Marina.