TEGUCIGALPA.- Una jueza dictó hoy la detención judicial y remitió a prisión a 19 hondureños, entre ellos cuatro diputados, implicados en un caso que involucra a 38 personas en el desvío de más de 11.7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.
La jueza Lidia Álvarez dictó también arresto domiciliario contra Belkis Rosibel Hernández, ya que tiene un hijo en período de lactancia, afirmó a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
Entre los imputados figuran, entre otros, los diputados Elvin Santos, del opositor Partido Liberal; Rodolfo Irías Navas y José Celín Discua, del Partido Nacional (en el poder); y el parlamentario suplente Lenin Rigoberto Rodas Velázquez, del minoritario Unificación Democrática, quienes son acusados por el delito de lavado de activos.
La magistrada ordenó además que Medicina Forense del Ministerio Público en Tegucigalpa realice “una evaluación médica” a Discua a petición de su defensa.
Asimismo, serán remitidos a prisión Norma Kafie, Laura Arita, Félix Pacheco, José Sierra Morales, Elden Vásquez, Carlos Pasquel, Wilson Pineda Díaz, Ramón Lara Bueso, Redín Chávez, Armando Rivera, Hernán Seaman, Arnold Castro, Franklin Toruño y Eduardo Lanza, también por “lavado de activos”.
En el caso del Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde del municipio de Yoro, norte del país, ya está en prisión desde 2014 por blanqueo de dinero, añadió Silva, quien dijo que será el Instituto Nacional Penitenciario el que decidirá a que cárceles son remitidos los otros 18 imputados.
La decisión de la magistrada fue tomada hoy tras una audiencia de declaración de imputados, a la que asistieron 20 de los 38 acusados por el Ministerio Público de Honduras y se celebró a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación.
Las 38 personas, incluido el ex ministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció en junio pasado a causa de un cáncer, son acusadas de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, según la denuncia presentada el mes anterior por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
Los recursos provenían de las secretarías de Finanzas y de Agricultura y Ganadería y estaban destinados en principio a “fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas”.
Sin embargo, los recursos fueron destinados a “financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares)”, según la investigación.
El caso, conocido como “Pandora”, fue investigado por expertos de Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y excónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta “utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas”.
La magistrada hondureña programó la audiencia inicial para el 25 de julio, señaló el portavoz judicial.
DPC