Faltan cuatro meses para que concluya la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, tiempo en el que es urgente modificar la estrategia de seguridad. El actual Gobierno sigue siendo el responsable de las medidas y, por lo tanto, del constante incremento de la inseguridad.

Este fin de semana se publicaron, como cada mes, las cifras de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ahí se observa que nuestro país atraviesa el periodo más violento de la historia, al menos del que se tenga registro.

En los primeros seis meses de este 2018, ya se cuenta con un registro de 15 mil 973 homicidios dolosos, lo que en términos reales significa que todos los días han sido asesinados 89 individuos a lo largo del país.
Personas de las cuales no se sabe si forman parte de la delincuencia organizada o si sólo se negaron a pagar el derecho de piso por sus negocios. Esta cifra -si no nos dice nada- tenemos que trasladarla entonces a pensar que todos los días se cometen 3.7 homicidios cada hora.

Los números no reflejan que los operativos implementados por el Gobierno federal o por las autoridades estatales estén funcionando, incluso se puede observar cómo nuevos municipios están incrementando sus niveles de incidencia delictiva.

En estos cuatro meses que faltan es necesario que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregue buenas cuentas y, por lo tanto, demostrar que la estrategia actual no es pasarle el problema al próximo Gobierno entrante.
Las cifras de los lugares con mayor índice de homicidios no ha variado mucho, por lo que la estrategia debería voltear a esas entidades; por ejemplo, el estado más violento es Colima, seguido por Baja California, Chihuahua, Guerrero y caso a tomar en cuenta es Guanajuato, que se ha colocado como la quinta entidad en la que se ha concentrado mucho la violencia.

En los últimos meses, las autoridades han señalado que es necesario aplicar la estrategia en al menos 50 municipios. Sin embargo, en estos puntos no se han modificado las cosas. Tal es la situación de Armería y Tecomán, en Colima, considerados los municipios más violentos del país.

Seguido desde Guadalupe y Calvo en Chihuahua, Zihuatanejo en Guerrero y Tijuana en Baja California, destinos que deben poner a pensar a las autoridades que son puntos turísticos, en donde si no se pone atención, los problemas se pueden ir incrementando.

El problema es que no sólo se trata de homicidios dolosos, los llamados delitos de alto impacto, sino también se han incrementado en los últimos seis meses. Y hablamos, por ejemplo, del robo a transeúnte, del robo de vehículo, del robo de casa habitación, ilícitos que están afectando directamente a la población.

En estos últimos días, tanto la encuesta del INEGi de percepción de seguridad como las cifras del secretariado ponen en alerta una labor que debe tomar aun el gobierno de Peña Nieto.

Siete de cada 10 mexicanos afirman que al menos uno de sus familiares ha sido víctima de algún delito. El tema de la seguridad no debe ser un asunto que tenga que esperar, sino en el cual deben actuar las autoridades en turno.