San Diego– El Gobierno de Estados Unidos consideró hoy viable reunificar a unas 1.600 familias de inmigrantes que catalogó como elegibles dentro del plazo fijado para este jueves por un juez federal de 2 mil 500, quien lamentó la falta de información sobre cientos de padres deportados.
Durante una audiencia en una corte de San Diego, California, el magistrado Dana Sabraw, que ve la demanda colectiva entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), consideró que no ha habido un sistema para rastrear a padres e hijos tras ser separados en la frontera por la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.
“Esas son las consecuencias que estamos viendo. Parece que hay un gran número de padres que no han sido contactados o que pudieron haber sido expulsados sin sus hijos”, señaló Sabraw.
De acuerdo a un documento ingresado en la corte por el Gobierno, 463 padres indocumentados aprehendidos en la frontera ya no se encuentran en el país, y no se ha podido especificar cuántos de ellos fueron deportados y cuantos salieron de forma voluntaria.
Sabraw manifestó que ello es una “preocupante realidad” que ha quedado en evidencia durante este litigio, a lo que se suma otro grupo de al menos 37 padres cuyo paradero es desconocido, de acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno.
El magistrado dio plazo hasta el jueves para que el Gobierno entregue a sus padres indocumentados a más de 2.500 menores de entre 5 y 17 años de edad, aunque los abogados de la Administración del presidente Donald Trump han dicho que solo 1.634 son elegibles para ello.
Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia (DOJ), dio cuenta hoy de unos 1.012 de estos niños ya devueltos a padres que se encontraban en custodia de autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras que otros han sido entregado a algún familiar.
Los 37 padres de los que se desconoce su paradero forman parte de los 914 casos que no califican para la reunificación antes del jueves, entre otras razones porque los progenitores han rechazado su derecho a la reunificación o porque cuentan con antecedentes criminales.
Los abogados del Gobierno dieron cuenta también de 463 padres inmigrantes que ya no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos.
El juez solicitó que el miércoles el Gobierno facilite una lista de estos individuos, y que se especifique a qué país fueron enviados, a fin de que se pueda facilitar la reunificación con sus hijos.
Sabraw, al mismo tiempo, resaltó el progreso y los esfuerzos del Gobierno para cumplir con el plazo establecido por la corte en este grupo de niños mayores de 5 años elegibles de acuerdo al Gobierno.
“Este es un logro notable”, reconoció Sabraw, quien insistió que la labor de la administración federal debe ser “subrayada y reconocida”, si bien insistió en la necesidad de transparencia que debe tener el proceso.
Lee Gelernt, abogado de ACLU, recalcó sin embargo que la Administración federal va a cumplir solo con el grupo que determinó de forma “unilateral” que era elegible para la reunificación, y que aún quedarán cientos de familias en espera.
“Este caso fue para reunificar a niños, si tenemos a 1.600 familias juntas de nuevo antes del 26 (de julio), no justifica lo que el Gobierno hizo, pero vamos a estar enormemente complacidos en que los niños estén en los brazos de sus padres”, comentó el abogado a los periodistas a la salida de la audiencia.
“Sin esta demanda, sin esta orden, no solo esos niños posiblemente no habrían sido reunificados, sino que hubiéramos tenido unos 4 mil o 5 mil niños separados”, agregó el abogado.
El pasado día 16, Sabraw ordenó al Gobierno que detuviera de manera temporal las deportaciones de las familias reunidas hasta que decidiese si les daban más tiempo para que definan su futuro migratorio, un plazo que concluía este lunes pero que fue prorrogado por el magistrado hasta hoy.
Ello fue en respuesta de un pedido de ACLU, que solicitó que los indocumentados tengan siete días más de cara a tomar una decisión “informada” y “sin presiones”.
Por medio de un escrito ingresado hoy a la corte, antes de la audiencia, el Gobierno federal rechazó esta petición bajo el argumento de que los siete días adicionales generarían problemas de espacio en sus centros de detención y crearía “ineficiencias” en el sistema.
Sabraw dio hasta mañana miércoles para que los abogados de ACLU presenten su objeción a este respecto y no será hasta la audiencia del viernes próximo cuando se decida sobre el tema. Mientras tanto, se mantiene vigente la orden de frenar estas deportaciones.
Gelernt señaló que ha habido “desorden” en los sitios donde se realizan las reunificaciones y es necesario que las familias tengan al menos siete días para analizar sus opciones, entre las que se encuentran que el padre sea deportado sin su hijo o que opten por regresar a su país en familia.
fahl