Managua.- La comunidad médica de Nicaragua, que aglutina a unas 37 asociaciones galenas, denunció hoy la “grave situación” que atraviesa el gremio, en medio de una crisis que en tres meses ha cobrado entre 295 y 448 muertos, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Denunciamos la grave situación que atraviesa el gremio médico de Nicaragua, ante los colegios médicos y asociaciones médicas del mundo, a la vez que agradecemos el respaldo manifestado de su parte, instándolos a continuar pendientes de la, cada vez más cruel, represión del Gobierno”, indicaron los galenos nicaragüenses, en un comunicado.
La denuncia fue motivada por la “grave situación generada por las acciones represivas, de la policía y bandas armadas afines al Gobierno, contra estudiantes y población autoconvocada, que ejercen su derecho constitucional a la protesta”.
La misma fue emitida horas después de que unos 40 trabajadores, entre médicos, enfermeras y personal técnico, fueron despedidos del estatal Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), “por haber atendido a los heridos en ataques armados del Gobierno”.
Los médicos condenaron los despidos “de los colegas que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas”.
La prohibición a la atención de los manifestantes heridos es una violación a los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua que ya ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones gremiales también demandaron la “liberación inmediata de los médicos secuestrados en las instalaciones policiales y el cese de la persecución, estigmatización y criminalización del ejercicio médico”.
“Extendemos nuestro respaldo a los médicos que han sido obligados al autoexilio por persecución y amenazas de muerte, por el hecho de atender a los heridos”, indicaron.
Además se solidarizaron “con los familiares de los estudiantes de medicina asesinados y secuestrados, asimismo con los colegas secuestrados en las diferentes cárceles, quienes han sido sometidos a toda clase de maltrato y privación de cualquier derecho elemental”.
La comunidad destacó la importancia de aplicar los códigos de ética profesional, y de derecho internacional, “según las cuales no se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica”.
Los médicos pidieron el restablecimiento del diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil, para superar la crisis de forma pacífica.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
fahl