El Gobierno de EU se jactó de devolver con sus padres inmigrantes indocumentados a más de 1,800 menores que consideró elegibles para ello, en un plazo fijado por la corte para unos 2,500 niños, pero la organización civil ACLU resalta la dificultad de reunir a los “no elegibles“.
Antes de que venciera el plazo del jueves pasado, fijado por el magistrado federal Dana Sabraw, la Administración del presidente de EU, Donald Trump, logró reunir con padres o apoderados a por lo menos 1,820 menores de entre 5 y 18 años, no obstante restan todavía 650 cuyo proceso de reunificación será lento.
“No va a ser rápido. Este proceso es muy difícil, encontrar personas en su propio país, en su propio pueblo”, señaló a Efe Bardis Vakili, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización que demandó al Gobierno por la separación de familias inmigrantes que ocasionó la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.
El abogado aludió así a los 431 menores bajo custodia de las autoridades federales cuyos padres han sido deportados, además de algunas decenas de menores que esperan que el Gobierno logre dar con el paradero de sus progenitores, quienes han sido puestos en libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según datos del Gobierno entregados a la corte esta semana.
Si bien el juez Sabraw concedió en una audiencia el viernes un “gran crédito” al esfuerzo del Gobierno por reunir a las familias que calificó de elegibles, criticó que no hayan conservado un registro que ayudara a contactar al resto.
Parte de esta tarea recaerá en las organizaciones en el exterior y en los consulados de cada país, según señaló Vakili.
Sabraw ha instruido al Gobierno a concentrar esfuerzos en lo que es la siguiente fase, ubicar y reunir a las demás familias, y en ese sentido ordenó que el Gobierno entregue toda la información que dispone de ellos.
ACLU pide detalles adicionales más allá de nombres y países a los que fueron repatriados, en el caso de los 431 padres fuera del país, y quiere que el Gobierno comparta teléfonos de contacto o el dato de las ciudades a las que fueron transferidos.
“Esta información existe en los archivos, pero no quieren dárnosla, eso es una locura, necesitamos la información y que pongan los recursos”, criticó Vakili.
Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, insinuó frente al juez el viernes que compilar esa información podría tardar y que preferían invertir ese esfuerzo en reunificar a las familias restantes.
ACLU también deberá recibir una lista de los 120 padres que renunciaron a su derecho de reunificación, ya que quieren cerciorarse de que realmente hayan comprendido lo que esto implica.
Lee Gelernt, abogado de esta organización, señaló el viernes que han detectado casos en los que los padres no entendieron los documentos que firmaron, ya sea por cuestiones de idioma o porque no saben leer ni escribir.
Desde ACLU entienden que el Gobierno debería tener la intención de querer enmendar su “error” de la mejor forma posible y asegurarse que los padres tomaron una decisión informada.
Otra interrogante que surge es si los reencuentros que involucran a padres repatriados será en EU o en el país al que fueron deportados.
“Va a depender del país. Un padre o madre deportado a México puede tener una reunificación más simple, porque pueden venir a la frontera posiblemente, pero para personas (que están) más lejos será más difícil”, consideró Vakili.
Los menores mientras tanto continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), en donde se mantendrán hasta que se pueda contactar a los padres o algún otro familiar que pueda hacerse responsable de ellos.
Resta incluso resolver a los “no elegibles” del primer grupo, los menores de 5 años separados de sus padres en la frontera, que de un total de 103 identificados las autoridades federales retornaron a sus padres solo a 58 “elegibles”.
Benjamín Prado, del Comité de Amigos Americanos en San Diego, consideró que el Gobierno debe dejar atrás los discursos triunfalistas y centrar sus recursos en el “grupo unilateralmente catalogado como no elegibles”.
“Esto va a continuar hasta que todos los niños sean reunificados con sus padres, y esperemos no perder ese hilo”.
Ante el caos que, denuncian las organizaciones sociales, ha rodeado todo el proceso, ACLU ha exigido además que antes de la deportación se otorgue un periodo de siete días posteriores a la reunificación, para que las familias inmigrantes puedan tomar una decisión algo más meditada y con asesoría legal sobre sus opciones.
Para estas familias, “el trauma es mucho más grande de lo que pensábamos”, manifestó Gelernt.
TFA